De los cinco consejeros que se fueron tras las últimas elecciones, tres tenían claros los destinos -Conrado Escobar fue el número 1 al Congreso de las listas populares; Luis Alegre se jubiló, mientras que Juan José Muñoz, después de sus experiencias fotovoltaicas, bastante tenía con recuperar su puesto de funcionario en el instituto-, así que la incógnita ya se ha resuelto también para estas otras dos mujeres.

Dijo hace años Emilio del Río que “Pedro Sanz no deja a nadie tirado por las escaleras”, una frase que podría dar lugar a numerosas interpretaciones sobre las contrataciones públicas. Pero no es este asunto lo que motiva este post, ni tan siquiera una intención de poner en cuestión si las dos exconsejeras tienen méritos para ocupar dichas plazas o si eran las mejores (¿o las únicas?) candidatas en los procesos de selección abiertos.

En este sentido, lo que más me llama la atención es que el método de contratación elegido para el centro de Lardero sea un contrato de alta dirección, con derecho a indemnización en caso de rescisión. Aránzazu Vallejo sustituyó al frente de AcuaEbro al ex alcalde socialista de Lleida Antoni Siurana y la pregunta que nos hacemos en la ensalada es si el exdirigente socialista se llevó una indemnización por su sustitución.

Lo mismo sucede con en el caso de Sagrario Loza, que sustituye a Francisca Rubio, una militante socialista riojana -formaba parte, como secretaria de política social, de la candidatura de Victoria de Pablo para la agrupación del PSOE de Logroño-, que, si tuvo el mismo contrato que su sucesora, se habrá llevado su correspondiente indemnización. ¿Cuándo vuelva a cambiar el Gobierno central, quién pagará la indemnización de Aránzazu Vallejo y de Sagrario Loza?

Se vista como se vista el muñeco en los procesos selectivos, los cargos, cuando son de confianza, no deberían tener carácter indefinido y quienes los ocupan deberían cesar automáticamente y cobrar sólo por los servicios prestados que, tal y como están las cosas, parece más que suficiente.

Vimos recientemente en la ensalada los casos de los ex diputados y ex senadores y las indemnizaciones percibidas porque sus partidos, ni tan siquieras las Cámaras, prescindieron de ellos en las listas. También los ex altos cargos del Gobierno central tienen su derecho a indemnización, y, por supuesto, los del Gobierno regional, que, por acuerdo de todos los partidos del Parlamento en el año 2003, tienen derecho percibir durante un máximo de seis meses 45 días por año trabajado (sin reforma laboral para ellos) para facilitar su ”incorporación a la actividad privada”.

No sé qué pasó con aquellas contrataciones con el PSOE en el Gobierno de Madrid del SEIASA y si se acabaron resolviendo con indemnizaciones, pero sí recuerdo el caso de la ex concejal del PP y ex gerente de Logroño Turismo, Carmen González Cuevas, que, ni siquiera con cambio de gobierno por medio, ‘sopló’ 13.000 euros al Ayuntamiento por una indemnización surrealista y el caso es que, indemnización tras indemnización, aquí nadie pone el cascabel al gato y nadie, ni tan siquiera, llama a las cosas por su nombre: si son cargos de confianza, pues eso, que al menos se vayan como han venido cuando la confianza se les acabe.

La indemnización (un mes del salario base por cada año de ejercicio parlamentario) la publicaron curiosamente las Cámaras Alta y Baja el mismo día de la huelga general ante la reforma laboral, es decir, el pasado 29 de marzo. Cierto es que en el año 2010 se reformó el régimen de retribuciones de sus señorías y desapareció este concepto, que se creó en su día para compensar a los parlamentarios porque no tenían derecho a paro.

Pero resulta cuando menos curioso que sean las Cortes, o sea el dinero público, el responsable de indemnizar el ‘despido’ de diputados y senadores cuando son sus partidos políticos los que deciden prescindir de sus servicios y nombrar otros sustitutivos.

También llama la atención que la compensación supere claramente el máximo de la prestación por desempleo, alrededor de 1.200 euros para el común de de los trabajadores, ya que a los exparlamentarios, el ‘paro’ que se les aplica es de 2.813 euros por mensualidad, que es la asignación básica reconocida  por la constitución, aunque en realidad es sólo una parte de su salario real. Es decir, aquella compensación justificada por su imposibilidad de ir al paro duplica con creces a la que perciben el resto de trabajadores.

Rozaría la demagogia si relacionara estas indemnizaciones con el momento económico que vive el común de los mortales, con una reforma laboral que pone en la calle a cualquier trabajador a precio de saldo, con un país al borde de la intervención, con medidas de seguridad en trámite para evitar las protestas de la gente, con políticos que ahora, en las duras, reniegan de las competencias de educación, sanidad y justicia , así que prefiero hacer otra reflexión.

La gran prioridad de la política en España ha sido garantizar la subsistencia de, en muchos casos, personas útiles para sus fines. Más allá del verdadero servicio ciudadano, los partidos han empleado el dinero recibido de las arcas públicas y los propios cargos ejecutivos para pagar servicios prestados.

Ahí tenemos el caso, aunque son incontables, de la exvicepresidenta del Gobierno riojano, Aránzazu Vallejo, que tras salir por la puerta falsa estuvo apenas unos meses como profesora en una escuela para pasar a un contrato de alta dirección en una sociedad estatal de aguas.

O el del PSOE riojano, que desde que el ‘aparato’ acordó una solución de ‘consenso’ el verano pasado para ’emplear’ al exsecretario general Francisco Martínez Aldama en el Senado, tenía claro para quién iba a destinar sus escasos recursos económicos con las liberaciones, de las que informaremos en breve, pero que, como avance, incluyen a José Ignacio Pérez Sáenz, que, si recordáis, permitió ‘cediendo’ la plaza a Aldama una transición más ordenada hacia el mandato de Luena.

(Pdta): Tampoco es para ponerse como este presentador brasileño, pero…