Soldados argentinos leen la prensa en Port Stanley (Malvinas). REUTERS

La documentación que sale ahora a la luz revela el plan de la dictadura para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente. Entre los escritos figuran las denominadas “actas de recepción”, que tenían que rellenar los soldados al volver y en las que debían hacer constar su estado de salud y cómo habían sido tratados. La mayoría de los testimonios dan cuenta de los padecimientos que sufrieron: hambre, el “pie de trinchera” (congelamiento de los pies por la humedad y el frío), ‘estaqueamientos’ (castigo por el que el soldado era atado sobre el suelo a cuatro estacas con los brazos y piernas abiertos en cruz durante largas horas y a bajísimas temperaturas), enterramientos en fosas, palizas y vejaciones. También hubo antisemitismo, como reflejó el excombatiente Silvio Katz, que denunció cómo le hicieron comer sus propios excrementos al grito de “judío cagón”, orinar sobre sus compañeros y sumergirse en el “pozo de los lamentos” de agua helada.

La principal prueba de este ocultamiento es un escrito secreto firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra en el que se determina que: “en los casos en que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura guardando la adecuada reserva”. También recomienda calificar de “falta disciplinaria” cualquier vejamen o maltrato de la tropa.

Lo peor, el hambre

Natasha Niebieskikwiat, primera periodista argentina en pisar las Malvinas después de la guerra, investigó a lo largo de varios años las vivencias de los combatientes y lo reflejó en el conmovedor ‘Lágrimas de hielo’ publicado en 2012. A su juicio, pese a las torturas y sufrimientos infligidos, lo peor fue el hambre, la falta de alimentos, cuyas escasas existencias quedaban reservadas para la oficialidad. Existe constancia de que al menos cuatro soldados murieron de inanición.

Soldados argentinos prisioneros vigilados por militares británicos. AP

Una dictadura debilitada decidió reforzarse recurriendo a la trampa del orgullo nacional ante el enemigo exterior. Para ello no dudó en mandar al matadero a chicos de 18 y 19 años, procedentes de las calurosas provincias del norte argentino y de zonas muy humildes, que llegaban a un archipiélago de clima polar sin apenas instrucción militar y equipamiento adecuado.

Uno de los datos más terribles es el suicidio de 450 veteranos de guerra, una cifra superior a los muertos en combate en las islas, si excluimos los 323 tripulantes del crucero ‘General Belgrano’, hundido por orden de Margaret Thatcher, pese a estar fuera de la zona de exclusión que ella misma había fijado. Especial impacto provocó la muerte de Eduardo, ‘Tachi’, Paz, que se arrojó al vacío desde el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario.

El profesor argentino de Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez, en un artículo publicado en el diario ‘Clarín’ considera inexplicable la sentencia que clausura la investigación penal sobre los casos denunciados. En su opinión, constituyen un “delito de lesa humanidad”, ya que “las torturas acaecidas en Malvinas no fueron un hecho aislado, sino que formaron parte contextual de un plan de agresión sistemática contra la población civil que utilizó la guerra como instrumento revitalizador de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional” impulsado por la dictadura militar.

El Gobierno argentino desclasifica documentos secretos sobre las torturas a soldados después de que la Justicia se pronunciara contra su investigación

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante la inauguración de la central nuclear de Atucha II, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, el pasado 18 de febrero. EFE

La presidenta además se libra de la denuncia con todos los honores, al menos si atendemos al texto de la resolución del juez Rafecas. Según el magistrado, las actuaciones y actitudes de la mandataria respecto a la investigación del atentado de la AMIA, “han guardado una notable coherencia en punto a la persecución de los fines de verdad y justicia”. Rafecas, que ve solo lagunas e incoherencias en la denuncia de Nisman, considera en suma que “no hay un solo elemento de prueba” contra Cristina Fernández.

Sin sucesor

Esta liberación judicial de la presidenta coincide con una remodelación del Gobierno a ocho meses de las elecciones presidenciales (25 de octubre) a las que no puede presentarse Cristina Fernández, pero en las que estará en juego la pervivencia de su proyecto y de sus allegados. Entre los cambios figura el relevo del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, muy desacreditado por una nefasta gestión política, que será sustituido por Aníbal Fernández, actualmente secretario de Presidencia, cargo que ocupará Eduardo Wado de Pedro, dirigente de la organización juvenil kirchnerista La Cámpora. Otro fiel entre los fieles, Daniel Gollán, integrante del grupo intelectual kirchnerista Carta Abierta, será el nuevo ministro de Salud.

La presidenta trata de recomponer sus fuerzas y adecentar su imagen ante la batalla de las presidenciales. De momento, el oficialismo no tiene ni precandidato. La supuesta figura emergente de Aníbal Fernández, el nuevo jefe de Gabinete,  cuenta tan solo con el 1,6% de la intención de voto frente a sus rivales para las primarias, según la encuestadora Fara.

Los últimos sondeos dan como favorito del oficialismo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli con un poco claro 20,6%. La incógnita se resolverá en las elecciones primarias que se celebrarán el nueve de agosto, cuando todos los partidos y alianzas designen a sus candidatos presidenciales. Tal como está el panorama político, el enemigo a batir, según la encuesta publicada por el diario Clarín y realizada por Management and Fit, sería el jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que alcanza un 27,9% de intención de voto frente al 23,6% de Scioli.

El problema para Scioli es que no cuenta con las simpatías del kirchnerismo y deberá emplearse a fondo si quiere batir a otros pesos pesados del oficialismo, que ya han avanzado sus candidaturas. La Casa Rosada comienza a mover sus peones tras el superar el obstáculo de Nisman, aunque la sombra de sospecha la acompañe.

La presidenta se libra de la denuncia del fallecido fiscal Nisman, aunque no de su sombra de sospecha

Un grupo manifestantes pide justicia a la llegada del cortejo fúnebre del fiscal Alberto Nisman, el pasado jueves en un cementerio judío en La Tablada, en las afueras de Buenos Aires (Argentina). EFE

El fiscal Nisman fue encontrado muerto en su domicilio el pasado 18 de enero, un día antes de presentar en la Cámara de Representantes su denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, y otros miembros de su Gobierno por encubrir presuntamente la autoría de Irán en el atentado contra la Asociación Mutual Israelite Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. Junto al cadáver fue encontrado una pistola de pequeño calibre y un casquillo.

Aunque los forenses establecieron que “no hubo intervención de terceras personas” y apuntaron la tesis de un posible suicidio, nadie lo creyó, empezando por la propia Cristina Fernández que así lo declaró. El primer detalle que llevó a un camino sin salida fue la pistola. No se hallaron rastros de pólvora en las manos, pero la fiscal encargada de la investigación, Viviana Fein, aseguró que al ser un arma tan pequeña (calibre 22) es posible que no dejara este tipo de marcas. Esta pistola da lugar a otra incógnita, también inexplicable hasta ahora: por qué era prestada cuando el fiscal tenía dos armas registradas a su nombre.

El misterio de la pistola

La pistola la facilitó el técnico informático Diego Lagomarsino. Según declaró, Nisman no se fiaba de sus escoltas y se la pidió para “llevarla en la guantera por si viene un loquito” y para proteger a sus hijas. La fiscal descarta que la intervención Lagomarsino fuera más allá de este préstamo, aunque ha sido imputado por estar penado en Argentina con uno a seis años de cárcel facilitar armas a otras personas.

El apartado de la intervención y presencia de funcionarios o responsables del Gobierno en el caso, también da mucho de sí. Resulta extraño que el secretario de seguridad, Sergio Berni, apareciera en la casa de Nisman antes que la juez y la fiscal. Allí se encontró a la madre del fiscal y a dos guardaespaldas de la Policía federal que tardaron casi doce horas en avisar a sus superiores. Estos dos agentes, Armando Niz y Luis Miño, además incurrieron en contradicciones en sus declaraciones a la fiscal Fein. Niz aseguró que al no contestar Nisman al teléfono  subieron al apartamento entre las 14:00 y las 14:30 y Miño dijo que lo hicieron a las 17:00. Además, Miño declaró que permanecieron en el coche aparcado bajo el edificio, donde no había cobertura telefónica y Niz en cambio dijo que estuvieron en la superficie, en el llamado “estacionamiento de cortesía”.

Los dos agentes han sido sancionados y retirados del servicio temporalmente junto a un tercer policía, que estuvo en el departamento del fiscal horas antes de de su muerte. Este policía, Rubén Benítez, declaró que Nisman le dijo que quería comprarse una pistola y le pidió consejo para saber qué modelo era más adecuado y donde podría conseguirla.

Periodista huido

Otros elementos que alimentan todo tipo de sospechas giran en torno al periodista Damián Pachter, quien fue el primero que informó de la muerte de Nisman a través de su cuenta de Twitter. Pachter tuvo que abandonar el país y huir hacia Israel después de notar que era seguido, según él, por los servicios de inteligencia y tener pinchado el teléfono. De forma extraña, la agencia estatal de noticias argentina Telam publicó una nota que ilustraba con un billete de avión con las fechas y horas del vuelo que el periodista tomó. Nota que fue reproducida y subido a la cuenta de Twitter de la presidencia argentina. Pachter, ya en Tel Aviv, avanzó sus sospechas de que al adelantar la noticia de forma imprevista con su tuit, pudo trastocar algún plan. Si no, no entiende la irritación de las autoridades argentinas y las amenazas de muerte que ha empezado a recibir. En la mente de Pachter debió estar el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, que retrató por primera vez al empresario Alfredo Yabrán, implicado en múltiples casos de corrupción vinculados con el gobierno de Carlos Menem.

El escándalo del ‘caso Nisman’ ha conmocionado a la sociedad argentina y ha puesto bajo alta presión un panorama político, ya de por sí bastante convulso, que se prepara para las elecciones presidenciales de octubre. Las revelaciones de la investigación proporcionarán sin duda abundante munición para la campaña. Resulta más incierto que se llegue a saber algún día quién estuvo detrás de la muerte de Nisman.

La investigación avanza de incógnita en incógnita sin aclarar ningún aspecto de la muerte del fiscal argentino

La presidenta argentina, Cristina Fernández, durante una inauguración, el pasado jueves en Buenos Aires. EFE

En primera línea de los tormentos que atribulan a la presidenta figuran los denominados ‘fondos buitre’ y al que considera su peligroso aliado, el juez estadounidense Thomas Griesa, que acaba de declarar a la República Argentina en desacato.

La raíz del conflicto arranca en 2002 cuando Argentina suspendió pagos con una gigantesca deuda de 100.000 millones de dólares. El cuarto ‘default’ de su historia como nación independiente. En 2005 y 2010 los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández consiguieron reestructurar esa deuda pendiente, con quitas de 65% y plazos más largos. Casi todos los acreedores, en torno a un 93%,  aceptaron aquel canje. Sin embargo, hubo un 7% de acreedores que rechazaron las nuevas condiciones y hasta hoy exigen cobrar el 100% del valor nominal. La mayoría son inversores de alto riesgo, o ‘buitre’, que compraron a precio de bonos ‘basura’ y ganaron un litigio contra Argentina en los Estados Unidos.

El juez de Nueva York Thomas Griesa dio la razón en el juicio al fondo NML Elliot, del magnate Paul Singer y ordenó a Argentina pagarle en metálico 1.360 millones de dólares. Pero la Casa Rosada se niega alegando que Singer es un especulador que nunca invirtió un céntimo real en Argentina y compró bonos a valor de ganga. El problema para Buenos Aires es que si paga a los fondos buitre lo que reclaman, tendría que abonar lo que recortó de la deuda a los otros acreedores que aceptaron la quita, según una norma firmada en el acuerdo. Las cantidades de pago se dispararían de tal forma que serían inasumibles por Argentina.

Pese a la campaña internacional desplegada por Cristina Fernández, con visita al papa Francisco incluida y fuertes presiones sobre la Administración Obama, al juez de distrito estadounidense no le tembló la mano al declarar en desacato a Argentina. El magistrado reaccionó así al intento del gobierno de Cristina Fernández de cambiar de forma unilateral la jurisdicción de los bonos gobernados por la ley de EE UU a Argentina y sustituir al Bank of New York Mellon Corp. como agente de pago con el argentino Banco de la Nación.

Por si fuera poco este entuerto financiero, acaba de renunciar el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega,en medio de fuertes tensiones en los mercados por una eventual devaluación del peso. Fábregas, un amigo de toda la vida de los Kirchner, fue acusado en público por la presidenta de complicidad con los operadores del mercado ilegal de cambios. Todo aquel que visita Argentina puede comprobar la situación kafkiana del cambio de moneda. La prohibición de la venta libre de dólares para evitar la fuga de reservas ha hecho que el llamado ‘dólar blue’ del mercado negro esté muy por encima, prácticamente el doble, de la cotización oficial. Este ‘cambio pirata’ es fácilmente accesible, ya que en la céntricas calles de Buenos Aires, hay decenas de personas que cantan en público ¡cambio, cambio! , especialmente cuando aparecen turistas a la vista. Incluso en los hoteles se puede realizar este cambio ventajoso, lejos de la cotización oficial.

Al descontrol económico y la pérdida de credibilidad financiera exterior, el Banco Central de Argentina ha perdido la mitad de sus reservas en los últimos tres años y la tasa de inflación está en torno al 40%,  hay que añadir el constante aumento de la inseguridad en Buenos Aires. Los asesinatos, secuestros y robos se han convertido en el monotema de los informativos y tertulias de televisión. Además ha bajado el precio de la soja, una de las principales fuentes de ingresos del país..

En medio de este complicado panorama y las críticas de la oposición la presidenta ha negado que existan problemas económicos y ha denunciado “una maniobra de pinzas” en la que “algunos sectores concentrados de la economía quieren voltear al Gobierno con ayuda extranjera”.  Y para acabar con el cuadro de este agitado final de mandato, los sectores oficialistas siguen sin un candidato claro en el que confiar la continuidad del kirchnerismo.

Una situación penosa para un país superdotado en recursos, con sectores profesionales pujantes y con excelentes perspectivas de autoabastecimiento energético a través del rico yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación avanza de forma lenta víctima de unas inversiones ralentizadas por la inseguridad jurídica.

A un año de dejar el poder, crecen los problemas económicos y sociales de la presidenta argentina sin que se vislumbre un heredero político

Cristina Fernández, tras recibir el bastón presidencial de su marido, Néstor Kirchner, durante la ceremonia celebrada en la sede del Parlamento en 2007. EFE

Nadie se atrevía entonces a vaticinar que el kirchnerismo, primero con Néstor y luego a través  de la presidencia de su mujer, Cristina Fernández, marcaría un tiempo récord de permanencia en el poder. Cuando la actual presidenta complete su segundo mandato, a finales de 2015, el kirchnerismo superará a los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1945-1955) y a los de Carlos Saúl Menem (1989-1999). Solo un mandatario argentino, Julio Argentino Roca, fue presidente durante doce años, aunque en períodos no consecutivos.

Un aniversario digno de celebrar si no fuera por el mal momento que atraviesa no solo el kirchnerismo, envuelto estos días en un escándalo de lavado de dinero en torno al secretario del expresidente, sino también la mandataria, con su popularidad  en el punto más bajo de desde 2008, cuando se produjo la crisis del campo. En esta ocasión la impopularidad no se debe a un enfrentamiento puntual como entonces, sino por una amplia gama de factores adversos económicos, políticos y sociales. La encuesta Ipsos y Araujo refleja un 49% de opiniones en contra y 48% a favor, mientras que la consultora Management & Fit ofrece un 59,6% de desaprobación y un 29,4 de partidarios.

Todos los logros y méritos iniciales se han ido desvaneciendo y hoy solo se percibe un horizonte de conflictos y malos augurios. El aumento de los precios de las materias primas y en particular de la soja, que pasó de los 200 dólares en 2002 a los casi 600 de hoy, reportó al país millones de dólares y le imprimió un crecimiento medio del 7%. Sin embargo hoy, el FMI considera que Argentina y Venezuela serán los dos países que crecerán menos en 2013. El PIB argentino aumentará un 2,8% mientras las economías de América Latina crecerán un promedio de 4,6%.

En el terreno social, la polarización es palpable y un clima de áspera confrontación política se puede detectar en cualquier debate político, tanto en la calle como en los medios de comunicación. Odios y pasiones que recuerdan a los suscitados en el pasado por Juan Domingo y Eva Perón.  La personalidad populista y arrogante de la presidenta no ha sido precisamente el mejor aliciente para el diálogo y el entendimiento.

La confrontación ha sido múltiple y variada: con la oposición, con el FMI, con los grupos de comunicación no afines (el grupo Clarín), con los sindicatos incómodos, contra los jueces, contra el Gobierno español por el tema de Repsol-YPF … Un poder inclemente con cualquier signo de crítica que ha ido dando forma a un autoritarismo contradictorio con el Ejecutivo que se atrevió a hacer justicia con los crímenes de la dictadura, que impulsó políticas activas contra la pobreza y que permitió el matrimonio gay.

Habrá que ver el legado que entregará Cristina Fernández a su sucesor en 2015, pero, diez años después, el sueño de Néstor Kirchner del 25 de mayo de 2003 –“quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. Pero, además, quiero un país más justo”— sigue siendo un sueño.

La popularidad de Cristina Fernández se encuentra en su momento más bajo desde la crisis del campo de 2008