Supongamos que es usted un pirata. De los normales: se descarga de vez en cuando una serie, una peliculita. Quizá un programa. Un día, si la deriva legislativa continúa, puede usted encontrarse con una cartita en su buzón: Universal Pictures le reclama 100.000 euros (pongamos) por descargas ilegales.

En EEUU, es bien sabido, ya pasa. Lo normal: uno recibe una advertencia, borra sus contenidos, y santas pascuas.

Ahora demos un pasito más. Digamos que la carta que usted recibe no es de Sony, ni ninguna de éstas. Digamos que quien le escribe es una productora llamada “Third Degree Pictures”, y que le acusa de haberse descargado ilegalmente su última gran producción, bajo el título “Culos Ilegales 2“.

Sí: es una peli porno. Y sí: le han pillado. La cosa está clara: pague o le denunciamos. Pague, o va a los tribunales. Y gane o pierda, el daño está hecho: es usted un guarro.

Y es que algunas productoras de cine porno han visto una oportunidad, muy cercana al chantaje puro y duro, para usar la legislación de derechos de autor en provecho propio. Hasta ahora se han encontrado con una barrera: que los proveedores de internet se están negando a identificar a sus clientes para estos fines (como sí hacen con las distribuidoras normales).

Así que la batalla legal está en marcha: un grupo de productoras porno han demandado a Verizon, uno de los grandes proveedores norteamericanos, para que facilite los datos de un listado de descargadores de porno: nombre, dirección, número de teléfono. Si lo consiguen, nadie les detendrá de convertirse en unos auténticos trolls de los derechos de autor.

Y eso, en un país donde la moral sexual es un asunto de público escarnio, puede traer una cola (nunca mejor dicho) casi infinita. ¿Qué político/empresario/profesor americano resistiría ser identificado como el orgulloso propietario de una copia de “Alicia en el País de las Marranillas”?

Porque una cosa es que te llamen pirata. Y otra, que te llamen guarro.