Podía ser peor y tiene pinta de que lo será. El regalo envenenado que el Ministerio de Agricultura entregó a Rioja con la elección de los criterios de prioridad (jóvenes agricultores sin viñedo) para el acceso a las nuevas plantaciones de viñedos ha roto el histórico equilibrio social, y territorial, en los repartos. La Consejería de Agricultura, que en el año 2016 vio cómo las organizaciones agrarias con las que había pactado las condiciones de acceso al nuevo viñedo la echaron a los tiburones, decidió, porque no le quedaba otra, comprobar si los solicitantes de viñedo tenían actividad real agraria y endurecer así los criterios de acceso. El año pasado, el 2,61% de los adjudicatarios se llevaron casi el 30% de las 362 hectáreas repartidas en La Rioja: 17 personas se hicieron con más de tres hectáreas y, una de ellas, aunque su caso está ahora en la Fiscalía por presunta falsedad documental, consiguió inicialmente más de 20 hectáreas.

El aumento del botín de este año (645 hectáreas para el conjunto de la denominación de origen, de las que 471 irán para La Rioja), pero, sobre todo, la reducción de los solicitantes aptos puede provocar que quien el año pasado acreditara tierra disponible (propia o arrendada) para llevarse 10 hectáreas, en esta ocasión consiga 30. La inversión, con diferencia más importante, para una bodega es el viñedo y ahí tenemos el caso de familias que llevan años invirtiendo cada perra que ganan en aumentar su explotación, pero ahora habrá supuestos no viticultores, y supuestas no bodegas, que se llevarán cinco, diez o quince hectáreas de un plumazo.

Lo que es intolerable es que ni el Ministerio, por dejadez, ni la Consejería, por falta de valentía, ni el Consejo Regulador, por vaya usted a saber qué intereses, hayan sido capaces de parar este despropósito cuando la solución era sencilla: tras el desastre del 2016 únicamente había que haber congelado las plantaciones para, en el 2018, hacer un reparto social y territorial de verdad con nuevos criterios. Las plantaciones, al fin y al cabo, son dinero público que, cuando se entregan sin criterios sociales, lo que generan es una grave competencia desleal.

Hay otra estadística que nunca se sabrá por la protección de datos, pero sería interesante conocer quién han sido los receptores de las diferentes, y millonarias, anualidades del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola que, con fondos comunitarios, cofinancia inversiones en bodega de hasta el 40%. Conozco varias pequeñas bodegas que se rindieron ante la burocracia y complejidad legal y desistieron del programa y otras que presentaron importantes inversiones para su capacidad pero, con el prorrateo para atender las fuertes inversiones de grandes empresas, se quedaron sin fondos o con porcentajes mucho más bajos de ayudas de lo previsto. Lo dicho: ¡sálvese quien pueda!