La propuesta de resolución aprobada por el Parlamento regional que instaba a suspender el desarrollo Lomce en La Rioja nació muerta. Desde el minuto uno después ser aprobada por la mayoría de la oposición con el rechazo del PP, la Consejería ya anticipó que su aplicación era inviable al tratarse de una Ley Orgánica y las competencias de la comunidad en este ámbito, limitadas. La opinión vino acompañada del mismo aderezo con que se aliñan tantas disputas políticas en el hemiciclo: la petición de un informe jurí- dico que demarcase los límites legales de la cuestión. Nadie dudaba de que el texto avalaría la posición del Ejecutivo regional. Tampoco al portavoz de Ciudadanos, que en el último pleno donde se interrogó a Abel Bayo sobre el resultado del informe que ayer dio a conocer, lo dejó caer con ironía. «Qué curioso que siempre que el Gobierno reclama un informe jurídico siempre le da la razón», dijo Diego Ubis pensando quizá para sus adentros en la intención de su grupo, también abortada en su momento por otro informe jurídico, de impedir que el Parlamento renovara a Pedro Sanz su acta de senador autonómico. Una coyuntura que, más allá del recurrente recurso a la legalidad cuando las cuerdas se tensan, visualiza el bucle que vive el actual Parlamento donde la ausencia de mayoría absoluta conduce a un consenso casi rutinario pero que pocas veces toma tierra en acciones concretas. Es probable que usted no comparta lo que acabo de escribir, pero da igual: tengo un informe jurídico que confirma que yo tengo razón.