La propuesta del PP de suprimir definitivamente la figura del Defensor del Pueblo en La Rioja es la culminación de una muerte anunciada gota a gota. Desde que María Bueyo Díez Jalón renunció en febrero del 2012 a cumplir un segundo mandato, la salud de la figura que nació a finales del 2006 con toda la pirotecnia de honores y loas al autogobierno se ha ido dejando deteriorar hasta certificar ahora la defunción.

La interinidad en que se sumió a la institución tras concluir su primera (y última) etapa, sumada a algún desplante y los cada vez más frecuentes puntillas sobre su coste, llevaron a Díez Jalón a aceptar el cargo como abogada del Estado-jefe del Ministerio de Sanidad. Aquel golpe fue el primero de una demolición lenta que continuó con el incumplimiento de todos los plazos para nombrar un sucesor.

El PP encontró alivio y excusa para prolongar la demora con el acuerdo alcanzado con el PSOE para mantener una Defensoría minimizada: mucho menos sueldo y trabajo a tiempo parcial. El pacto se concretó en una modificación de la Ley aprobada casi de soslayo en pleno julio y sirvió de pretexto para estirar más el tiempo hasta encontrar un candidato al que le cupiera un traje tan estrecho. Un año después de la marcha de Díez Jalón, populares y socialistas vendieron barato el mismo titular: La Rioja tendría Defensor del Pueblo antes del siguiente verano.

Las conversaciones entre los grandes partidos se rompieron luego, otras comunidades renunciaron a sus respectivos defensores y el PP remitió después a septiembre. Entre medias, el presidente de la comisión encargada de guiar la reforma de las administraciones pasó por la comunidad instando a eliminar duplicidades y sugiriendo que La Rioja sólo tendría Defensor si podía asumir el coste. Jaime Pérez Renovales acolchaba así la alfombra para lo que ahora ha llegado aunque, como casi siempre, las claves de la defunción de la oficina las guardaba Pedro Sanz.

En la reunión de la Junta Directiva Regional celebrada en agosto en el Círculo Logroñés que dio pistoletazo de salida al nuevo curso político, el presidente regional dejó entrever “conversaciones” con el Gobierno central para seguir el camino de las eliminación de duplicidades iniciado en casa con el Servicio Riojano de Empleo, el IRJ, la Agencia del Conocimiento, Eccysa, Prorioja o Ader-Infraestructura, entre otros entes y sociedades. Sus palabras llevaban insertadas el anuncio de la muerte ahora certificada, pero bastaba con mirar a la calle y ver que el A-6 que utiliza desde el año pasado en susticuión de otro de gama superior es que el tenía asignado Díez Jalón hasta su marcha. El mismo en el que no viajará ningún defensor más.

Imagen: José Ángel Martínez