La petición por parte del fiscal superior de La Rioja de reabrir el ‘caso Enaitz’ por la vía penal después del vendaval mediático suscitado deja en el camino víctimas, culpables y sospechosos.
La víctima fue y sigue siendo el chaval de 16 años que una mala noche de agosto del 2004 murió atropellado por un Audi mientras andaba en bicicleta cerca del camping de Castañares. Diga lo que diga finalmente la Justicia, el culpable se llama Tomás Delgado. El reiterado desprecio mostrado hacia el joven y su familia, la deleznable decisión inicial de reclamar los gastos por los daños que sufrió el vehículo que conducía después de arrollar a Enaitz (sólo se retractó al verse en el ojo del huracán) y sus turbios antecedentes le han condenado desde el momento en que el caso saltó a la opinión pública.

Quien queda ahora bajo sospecha es la Justicia riojana y, colateralmente, la Guardia Civil. El caso, cerrado en el 2004 a pesar de las dudas técnicas e imprecisiones legales que le rodearon entonces, ha salido del apolillado cajón de los errores exclusivamente por el tesón de los padres de Enaitz y la presión ejercida por los medios de comunicación. Sólo las evidencias advertidas por la familia y el qué dirá la sociedad han movido a la Fiscalía a retomar la cuestión. En ese forzado camino que retrata cómo funciona la Justicia –dejaciones flagrantes como en pasó con Mari Luz, montañas de documentos sin atender, desproporcionadas huelgas de funcionarios, riñas políticas en las altas instancias, muertes de mujeres que siguen esperando una orden de alejamiento en el cementerio…– la Fiscalía no ha dudado en descargar buena parte de la culpa en los agentes de la Benemérita que elaboraron el atestado aquella noche del 2004.

La más que posible reapertura del caso deja el dulzor de que es posible una justicia real y el amargor de que eso se produce sólo a veces: cuando las cámaras miran y la sociedad se enrabieta. ¿Cuántos otros casos más deben reconsiderarse?