El PSOE de La Rioja ha conseguido por fin su propósito de llegar a los tribunales. Pero no lo hará llevando a Bretón de los Herreros al PP como colofón a la campaña de presión por la presunta financiación irregular de la sede de Duquesa de la Victoria, sino que tendrá en frente a miembros de su propio partido encabezados por Inmaculada Ortega. Será en la vista fijada para el próximo 20, dando lugar así la foto más inaudita del partido que una vez gobernó La Rioja y hace nada que salió del Ayuntamiento de la capital.

El recurso presentado ante el juzgado número 4 de Logroño reclamando la suspensión cautelar del cese de la Ejecutiva local supone la cumbre de las tensiones mantenidas entre la diputada regional y la dirección de César Luena. Unas discrepancias a cada paso más notables (y amplificadas) desde el triunfo de su candidatura frente a la oficialista de Victoria de Pablo y que se ha ido alimentado ahora con la pretensión de abrir una casa del pueblo, luego con el cambio en la portavocía del Consistorio logroñés.

La coyuntura está sirviendo a cada parte para dejar de lado la formalidad que pueda haber prevalecido en las diferencias del último año y medio, llevando la disputa interna al terreno más encarnizadamente personal. Desde la dirección, Francisco Ocón -como en otros asuntos de nulo rédito telegénico, César Luena ha delegado en el de Arnedo- censura a Ortega de casi todo: desde la contradicción de arrogarse la voz de la militancia de base tras 20 años en cargos orgánicos e institucionales, hasta el “daño” que ejerce a la imagen del partido, su responsabilidad como secretaria de Organización en 1995 en la disolución de la Agrupación de Haro, el retraso que ha provocado en la convocatoria de una asamblea de Logroño su reclamación ante la Justicia, contravenir las normas internas que ella misma ha asumido tantos años… Aunque la mayor crítica proviene del sujeto objeto del recurso judicial: el propio PSOE. “La mayoría de la militancia está absolutamente en contra de la actitud de Inmaculada”, asegura el actual secretario de Organización en un intento de desactivar los apoyos que pueda tener destacando, además, que sólo 13 de 23 miembros de la extinta dirección de Logroño hayan puesto su firma en la demanda.

Ortega también tira de hemeroteca y lanza una carga de profundidad a Luena recordando que parte de su actual Ejecutiva –José Ignacio Pérez y la propia De Pablo- estuvo en la que suprimió los derechos de los militantes jarreros. Una decisión “colegiada” y sobre la que la diputada regional reitera que fue “un error político”. Argumentos a los que agrega la “coincidencia” en el tiempo del caso de Logroño con el de Arnedo y la santificación de conceptos como democracia, justicia, transparencia, indefensión o libertad.

La jueza tiene en su mano zanjar (a agravar) la crisis interna del PSOE tras denegar la pretensión incial e los demandantes, pero quien dictará sentencia definitiva será la asamblea confirmada ya para finales de enero. Esa en la que Ortega aún no ha dicho (aún) si volverá a optar a la secretaría general de la Ejecutiva de Logroño

Fotografía: Enrique del Río