Por fin se ha verbalizado lo que algunos llevan tiempo rumiando pero no se atreven a confesar en público: habría que cobrar a quien haga un mal uso de los servicios sanitarios. Lo llamativo de la propuesta no es que haya partido de algún eficiente tecnócrata ajeno al mundo o un alto funcionario del ramo acuciado por la estrechez presupuestaria. La iniciativa ha partido de un médico. Y no uno cualquiera, sino del mismísimo presidente de la Organización Médica Colegial que con sus palabras abre la puerta a la arbitrariedad en la atención por parte de la administración más que a la limitación de los abusos de los administrados. El intento de minimizar la ocurrencia por parte de la ministra –una «anécdota», lo calificó Ana Mato– estremece aún más dado que así mismo se ha escrito antes también el preámbulo de otros recortes. Que el resto de los facultativos que forman el ADN de la sanidad pública, y que estos años tampoco han sido indemnes a la crisis, no haya salido en tropel a afear Rodríguez Sendín tampoco vaticina nada bueno. Más bien, dota de sentido a esa lluvia fina que gestores y altos cargos sanitarios dejan caer cada vez que las listas de espera se disparan o las urgencias sufren un colapso: las estadísticas las distorsionan quienes hacen un mal uso de las prestaciones. Una forma de descargar responsabilidades propias en la voluntad de otros y que vuelve a poner malo a quien desearía acudir al hospital menos de lo que su enfermedad le obliga.