El Ministerio de Sanidad ha rectificado la decisión que adoptó en abril del 2012 por la cual se ha venido limitando la prestación sanitaria en Atención Primaria a los inmigrantes irregulares. Lo llamativo no es el evidente aroma electoralista que comparte con otros anuncios de urgencia como los vinculados a las tasas judiciales o el IVA cultural, sino que el Gobierno asuma para justificarse los mismos razonamientos que en su momento arguyeron quienes censuraban la medida. Es decir, evitar la saturación de los servicios de urgencias a donde acudían muchos ‘sin papeles’ tras cerrarles las puertas de los ambulatorios y, por un criterio de salud pública del conjunto de la población, controlar las patologías infecciosas. Algo que, por otra parte, ya entendieron las autonomías que se negaron entonces a aplicar el paso marcado por el Ministerio. Como otros recortes, Ana Mato invocó cuando aún era la titular de la cartera razones de ahorro que estimó en 500 millones de euros aunque, también como en otros recortes, no se ha llegado a conocer luego la cifra real. Lo que sí se logró fue herir un obvio sentido humanitario que nunca debió laminarse y estigmatizar bajo el paraguas de la crisis a todo un colectivo como advenedizos aprovechados de un sistema sanitario exclusivo del hombre blanco y pudiente. Siguiendo el manual preelectoral, tal desatino nunca se achacará a un error propio sino a un problema de comunicación. Un relato, por lo visto, enfermo desde la primera línea.

Fotografía: Juan Marín