¿Tenía razón La Rioja en su disputa con el País Vasco por la atención especializada de pacientes alaveses en el San Pedro? Si atendemos al acuerdo firmado por ambas administraciones, no; comprobando cómo han actuado los actores, sí.

A Pedro Sanz se le achaca a menudo la brusquedad en las formas, pero casi nadie niega su capacidad para sintetizar los mensajes. Y en este caso fue nítido desde el inicio de la polémica que estalló, como no hay que perder de vista, en plenas elecciones generales. El silogismo descrito por el presidente era simple: La Rioja viene asumiendo por razones de proximidad la asistencia de una serie de pacientes cuya atención corresponde a su comunidad. Así ha sido durante años, pero el exponencial aumento de esa clientela y las circunstancias económicas obligan ahora a reclamar una contraprestación económica. O en otras palabras: el País Vasco debería pagar a La Rioja de su presupuesto sanitario el servicio que presta el San Pedro a sus vecinos.

El argumento se alimentó primero con un portazo a los usuarios vascos, luego de soflamas a los instintos riojanistas y finalmente aludiendo a los siempre recurrentes ataques al Gobierno vasco que se lleva empresas y nada en la abundancia gracias a su privilegiado régimen fiscal. La radicalidad del planteamiento se rebajó luego un peldaño cuando los comicios pasaron y en vez de sentimientos se empezó a hablar de cifras. Tanto del número de asistencias realizadas como del flujo de pacientes. El País Vasco contraatacó con acusaciones de insolidaridad y un anuncio: de sus arcas no saldría un euro; como mucho, un intercambio de prestaciones.

El acuerdo transitorio de febrero no curó la herida. Sólo aplazó la hemorragia. En este ínterin y con el cambio en La Moncloa de por medio, la posición riojana empezó a modularse. La bilateralidad abrió la puerta a la virtual compensación de un fondo de garantía estatal como, casualmente, así ha ocurrido finalmente aunque esa fórmula contravenga la posición de Sanz – “no sería justo pagar dos veces”, repitió hasta la saciedad-  y no vaya más allá del aún por articular anuncio de la ministra y una gavilla de especialidades que se derivarán a Osakidetza.

En resumen: no habrá dinero desde el País Vasco y, siguiendo la tesis original, La Rioja no tenía razón por mucho de que el Gobierno regional diga machaconamente lo contrario.

En lo que sí tenía razón, y mucha, es en denunciar la asimetría. Las (malas) formas de unos y otros han desviado el punto de mira de la disputa, que no es otro que la puesta en cuestión de unas competencias  que superan las fronteras y han conducido a situaciones asumidas en tiempos de bonanza y cuestionadas cuando el cinturón aprieta. Las razones no han llegado del PP sino, paradójicamente, del propio Ejecutivo vasco. Primero a través de la proposición no de Ley rubricada por Ramón Jáuregui instando a fijar un sistema de compensación económica entre las comunidades por los gastos originados por las asistencias cruzadas. Luego, por la decisión del gabinete de Patxi López de reforzando especialidades y servicios en el consultorio de Oyón y el Hospital de Leza. Es decir: reconociendo que ha venido existiendo sino un abuso, sí una dejación de responsabilidades.

Pero quien más ha reforzado la tesis riojana es un invitado incierto al que pocos han prestado atención: Cataluña. Y es que, el anuncio de que la Generalitat solicitará cobrar al resto de comunidades autónomas por los alumnos que estudian en las universidades catalanas -un total de12.500 que cuestan a sus arcas 100 millones de euros, según sus cálculos- es una copia en Educación del mismo esquema planteado por La Rioja en materia sanitaria. ¿También el ministerio creará un fondo de garantía asistencial para responder a la petición de Artur Mas? ¿Quién tiene razón en ese caso? Alguno cae ahora en la cuenta de que el estado de las autonomías no estaba construido con pilares de solidaridad, sino con ladrillos de dinero.

Fotografía: Juan Marín

Bengoa y Nieto, en Logroño para la firma del acuerdo definitivo el pasado 30 de marzo