No es momento de irrigar la herida con vinagre. No hay tiempo para el qué te estaban diciendo con que la gestión zapaterista sólo era incapacidad encubierta bajo una almazuela de retales viejos: populismo, revanchismo, buenismo, radicalismo y seudoprogresismo avanzando hacia el abismo. El mal está hecho y dado que al parecer los españoles somos como escolares incapaces de despachar a sus pésimos maestros, han tenido que venir de fuera a tirarles de la orejas y sentarlos a ellos en los pupitres para que hagan los deberes, bien claritos en el encerado, so pena de reglazo en las puntas de los dedos. Resulta que para resolver los problemas (decrecimiento económico, desempleo y déficit público) los torpes habían puesto un más donde iba un menos, y en lugar de apretarse el cinturón cuando la negada crisis empezó a enseñar los dientes hicieron todo lo contrario, venga ministerios inútiles, cheques bebé, arreglos de bordillos, subidas salariales por encima de la inflación, aumento de las subvenciones (hasta de un 300% para UGT y CCOO), etc. La irresponsable táctica de atrincherarse tras el caballo muerto sin hacer nada que reste votos esperando el rescate del 7º de Caballería ha provocado que éste acabe llegando pero para arrearles en la cara de todos los españoles. Así que, aunque tarde y mal, al fin se aplican drásticas reducciones del gasto público necesarias al parecer para crecer y crear empleo, pero he aquí que con el sector público, reserva de la biosfera sindical, hemos topado. Está claro que la viga maestra del Estado del Bienestar es la solidaridad, pues sólo contribuyendo los más pudientes pueden los menos disfrutar de sus bondades. A algunos agentes sociales se les llena la boca con esa palabra, pero a la hora de la verdad o sea de perder un pequeño porcentaje de mi parcela de Estado en propiedad para crear oportunidades de trabajo a autónomos arruinados y asalariados despedidos, la presunta solidaridad se torna en defensa numantina de un privilegio laboral tan legítimo como sangrante en una crisis devastadora. Claro que los empleados públicos no tienen la culpa de lo que está pasando, pero menos aún quienes no pueden llevar a casa una nómina asegurada, que además de ser los grandes perjudicados del desaguisado mantienen a aquellos con sus impuestos. El rechazo sindical a las reducciones salariales de los funcionarios demuestra que son ante todo los sindicatos del mismo sector público cuyo patrón los subvenciona. Vale, pero hagan favor de eliminar el término “solidaridad” de su vocabulario, al menos entendida como algo más que montar una rifa, firmar en papel mojado, concentrarse a las doce o ceder el paso a los atrapados en la gasolinera de Las Gaunas.