El asunto éste del freno constitucional al “déficit estructural” (léase manirrotura pública), que tan precipitadamente se está guisando estos días en la cocina económica de las Cortes, ha revelado nuevas miserias en el panorama político e institucional. La primera es que el presunto pacto entre PP y PSOE que ha posibilitado la reforma, aparentemente loable por el sentido de Estado mostrado por ambos superando sus intereses partidistas, etc., es un espejismo. Los que se han puesto de acuerdo realmente han sido el PP y el fantasma de un ZP despechado con su partido y sobre todo con su sucesor a título de candidato, al que ha querido demostrar quién manda aún. Otro gallo cantaría si nuestros dos grandes partidos fuesen auténticamente capaces de cerrar grandes acuerdos de Estado para intentar solucionar problemas mucho más importantes, sin tener que apoyarse los unos en mayorías absolutas y los otros en minorías nacionalistas que sólo buscan su tajada y se enfurruñan como niños consentidos que se niegan a jugar si no ganan. Otra miseria es la cerrilidad de esa izquierda de los números rojos que equipara el endeudamiento al progreso, y para la cual no poder gastar lo que no se tiene es una tragedia para el Estado del Bienestar, aunque nos echen del euro y hasta de Europa si no dejamos de hacerlo. Bienestar que no depende de cuánto sino de cómo se gasta, pues una buena gestión de los recursos puede mantener la calidad de los servicios públicos sin exigir a los ciudadanos otro esfuerzo que implicarse en utilizarlos cabalmente. Y para miserias, en fin, la de una Constitución que también consagra el derecho de todos los españoles a cosas tan básicas como el trabajo y la vivienda, con la consabida triste realidad, y cuyas inapelables decisiones están intervenidas por un poder político que se las pasará por el arco del triunfo impunemente cuando no convengan. ¿De verdad los jefazos europeos y esos mercados saprofitos son tan ingenuos como para creerse que este país cumple todo lo que promete en su Carta Magna? Precisamente el párrafo 4 del nuevo artículo 135 contiene la trampa que permitirá saltarse a la torera la barrera con la que se pretende contener la deuda: “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. O sea, en el no tan milagroso caso de que P. Punto se las apañara para ganar las elecciones pero necesitando a IU o a los separatistas para gobernar, por ejemplo. Doblada, Mariano.