El crecimiento exponencial del gasto sanitario en plena recesión es un problema crítico. La Medicina avanza a ritmo vertiginoso, incorporando sin cesar nuevas pruebas diagnósticas y preventivas, tratamientos, fármacos, técnicas e intervenciones cada vez más eficaces pero también más costosos. Además, la universalización de la atención sanitaria en España -con casi toda la población más el turismo sanitario más la OSG “Sanidad Gratis Sin Fronteras” con derecho a una asistencia gratuita- incrementa de modo imparable una demanda muchas veces injustificada o abusiva que colapsa unos dispositivos asistenciales siempre insuficientes para satisfacerla. Y, en consecuencia, una factura que ya se come la mayor parte de los presupuestos de las comunidades autónomas, escarmentadas quizás de haber asumido el marrón de las transferencias sanitarias. Si esto ya era así durante los “años de bonanza económica”, en plena crisis profunda el panorama es más sombrío que el reinado de Witiza.
Así que, insensatas demagogias aparte, urge frenar esta escalada del consumo sanitario, cuyo insaciable apetito amenaza con devorar no ya al Estado del Bienestar sino al Estado a secas. Nunca hubo soluciones sencillas para problemas complejos y éste sólo podrá abordarse desde un gran pacto social suscrito por partidos políticos, agentes sociales, Justicia y ciudadanos/usuarios que incluya: 1) Establecer una cartera de prestaciones conforme a la disponibilidad presupuestaria, priorizando el beneficio colectivo frente al individual, 2) Mejorar la gestión de los recursos sanitarios por parte de políticos, gestores, profesionales y usuarios, pero fundamentalmente por los mayores generadores de gasto del sistema, los médicos, para lo cual se precisa, 3) Respaldo institucional, judicial y social a las decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia y a los recursos disponibles por el médico (empezando por el tiempo) que desactive la actual presión hiperdemandante bajo amenaza de agresión o denuncia, inductoras de una medicina timorata o defensiva que dispara innecesariamente el gasto.
Medidas tan fáciles como reducir personal o cerrar consultorios y quirófanos de entrada evidencian torpeza e incapacidad para gestionar la Sanidad, pues dilatan todavía más las demoras para recibir asistencia si no se ha mejorado antes el rendimiento de unos recursos humanos y materiales claramente infrautilizados, que es lo arduo. Objetivo éste que precisa una colaboración del personal sanitario difícilmente alcanzable reduciendo sus plantillas o su paga por decreto, un camino equivocado que sólo conduce a más desincentivación, descontento y cabreo. Decir que mucho es posible con los profesionales, poco sin ellos y peor que nada contra ellos, no es una consigna de lucha. Es reconocerlo.