Más de una vez he defendido desde esta columna una reforma de la legislación electoral que impida sentarse en el Congreso de los Diputados a representantes de partidos políticos que no presenten candidaturas en todas las circunscripciones del país. Lo que significaría que formaciones nacionalistas o regionalistas, me da igual PNV, CiU, Coalición Canaria, Geroa Bai o Bierzo Independiente, quedarían fuera tanto de la cocina donde se guisan las leyes por las que ha de regirse una nación a la que no quieren pertenecer, como del posible apoyo a mayorías minoritarias gobernantes a cambio de erosionar más aún al Estado al que aborrecen. Para jugar a independentistas oprimidos por el jacobinismo centralista ya tienen sus parlamentitos regionales o mismamente el Senado, esa inutilidad tan cara donde pueden hablar al resto de sus señorías en catalán o en vasco gracias a los traductores simultáneos al castellano que todos entienden. Siempre he pensado que meter gente de Esquerra Republicana, el PNV, el BNG o ahora Amaiur en el Congreso es como introducir una jauría de zorras atrailladas en una granja avícola, o como inyectar bacterias de probada virulencia por la vena de un cuerpo harto debilitado ya por sus bajas defensas.
Pero, visto lo sucedido el pasado martes en el acto de preceptivo acatamiento de la Constitución por algunos de los nuevos diputados (justamente los enemigos de la nación española en cuyo máximo órgano de representación pretenden asentar los reales con el fin de perjudicarla cuanto puedan), creo que lo malo ya no es que haya señorías nacionalistas, republicanistas, ultraizquierdistas, separatistas e incluso filoterroristas, sino algo aún peor: que ocupen sus escaños auténticos tontos de vitamina C. ¿Qué es eso de acatar la Carta Magna “por imperativo legal”? En primer lugar, nadie les obligó a presentarse a las elecciones con posibilidad de salir elegidos y, por tanto, de tener que jurar o prometer la ley de leyes española como requisito para tomar posesión de su acta. Y en segundo, a ver por qué se creen que los demás nos sacamos el carné de conducir, acudimos al trabajo, pagamos los impuestos, circulamos a 120 o nos privamos de sacudir al jefe, dejar de pasar la pensión a la ex o atracar bancos los fines de semana, sino porque lo exige o prohíbe la legislación vigente. Y no se lo pierdan, fue el propio nefasto Tribunal Constitucional el que aprobó la estúpida apostilla en una de sus sentencias. Pero ya verán qué pocos ascos le hacen al Estado esas pobres señorías obligadas a acatar sus leyes cuando reciban de él los seis mil euritos largos de su primera mensualidad como diputados a Cortes. Por imperativo legal, naturalmente. Nos ha jodido.