La ley 15/1997, “sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, posibilitó la creación de hospitales públicos dotados de personalidad jurídica y autonomía de gestión, constituidos como empresas públicas, fundaciones, consorcios o concesiones. Con estos nuevos centros, tan públicos como los tradicionales y prestadores de la misma asistencia equitativa, universal y gratuita, se pretendía mejorar la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, y comunidades autónomas gobernadas por PSOE, PP, PNV y CiU las pusieron en marcha. Algunas, como Andalucía, escogieron la forma “empresa pública” y en otras, como La Rioja (sin las transferencias sanitarias todavía), se optó por la “fundación” para el Hospital de Calahorra, que básicamente es lo mismo.

Traigo esto a propósito de las reacciones suscitadas por el reciente anuncio de un posible cambio en la gestión del centro calagurritano. Algunas, como la lógica inquietud de sus trabajadores, son perfectamente explicables, en el completo sentido del término. Pero la de los pesoístas riojanos, por ejemplo, es una portentosa exhibición de la doble vara de medir que los partidos políticos acostumbran a usar en cada sitio dependiendo de si gobiernan o son oposición. Así, leo con asombro que, según destacados dirigentes del PSOE regional, “La Rioja se ha apuntado al modelo privatizador de la sanidad de Madrid y Valencia” y exigen, una vez más, que la FHC se integre en el SERIS. Mientras la realidad es que, cuando se abrió el de Calahorra, la muy socialista Andalucía ya había abierto varios hospitales bajo las nuevas formas de gestión (Costa del Sol de Marbella, Alto Guadalquivir de Andújar y Poniente de Almería) y no sólo no piensan integrarlos en el SAS (Servicio Andaluz de Salud) sino que no paran de extender la red de su “Agencia Pública Empresarial Sanitaria” abriendo nuevos hospitales en Loja, Montilla, Puente Genil, Sierra Segura, Alcaudete, Benalmádena, El Toyo, Alcalá la Real… A lo mejor tienen algo que ver las conclusiones del demoledor informe de la Cámara de Cuentas andaluza tras comparar en 2010 los hospitales Costa del Sol y Valme de Sevilla (SAS), que evidenció un gasto total por habitante un 58 por ciento superior en el centro dotado de la vieja forma de gestión. Y, aunque ya sabemos que en la taifa andaluza (donde sólo ha gobernado un partido que no puede culpar a otros de sus “privatizaciones” sanitarias) son poco escrupulosos con el dinero de todos, seguro que a sus gerifaltes les gustaría poder convertir sus centros de gestión tradicional en empresas públicas más eficientes, y no al contrario. Iba a decirles que tomaran nota sus correligionarios riojanos, pero igual resulta que, como en Cataluña, ya no son el mismo partido. Entonces, me callo.