Estos son los hechos: a finales de 2012 la revista Interviú denunció que el presidente de La Rioja poseía un chalet ilegal en Villamediana de Iregua. Según esta publicación especializada en presuntos escándalos y destetes suculentos, Pedro Sanz habría convertido la casilla de aperos de una finca rústica (por tanto no urbanizable) en una vivienda de dos plantas y 176 metros cuadrados tras varias «reformas» aprobadas por Ayuntamientos gobernados antes por el PSOE y después por el PP, actualmente con apoyo del PR+. A remolque de la información, la oposición municipal liderada por el PSOE (más IU y UPyD) hace suya la denuncia y exige una investigación. El debate llega al Parlamento riojano, en cuyo primer pleno de este año Sanz se quejó de que en Villamediana hubiera muchas irregularidades pero sólo hablaran de la suya, y sugirió al Ayuntamiento que redactara un Plan de Ordenación Urbana que «regule» las construcciones irregulares (la del presidente y otras situadas en el mismo sector). Dicho Plan, que «legaliza» las viviendas, fue aprobado la semana pasada con los 6 votos de los ediles del PP más el «coherente» del UPyD y el indisciplinado del PR+.

Y estas son las interpretaciones que muchos riojanos extraen del affaire: en esta región habrá cientos de chalés (algunas auténticos casoplones) edificados en parcelas rústicas, «irregularidad» que significa violar la ley y defraudar al fisco. Los ayuntamientos pueden hacer tres cosas al respecto: ordenar su derribo, sancionar al infractor o la vista gorda, que es lo más frecuente y lo que se hizo durante lustros con la urbanización ilegal de Villamediana. Pero cuando la prensa sensacionalista publica el asunto, a la oposición no le queda otra que denunciarlo. El gobierno municipal reacciona proponiendo urbanizar el suelo con carácter retroactivo y los ediles populares, con la colaboración necesaria, aprueban una amnistía urbanística (y fiscal) que no se hubiera producido sin el chivatazo a Interviú, y que zanja el aprieto del presidente beneficiando de paso a sus encantados vecinos de irregularidad. La rebelión del concejal del PR+, en fin, se utiliza para desviar la atención de lo realmente grave y escandaloso que la calle sospecha: un impúdico apaño politiquero con talante de cacicada.

Conclusión: pagar a doblón suelo urbano para construirse una casa con todas las de la ley (y todos los impuestos) es de tontos pudiendo hacerlo en una huerta que con el tiempo puede convertirse en parcela urbana con efecto retroactivo, sobre todo si está próxima a la de un personaje lo bastante poderoso.

En las democracias de verdad dimiten ministros por mucho menos, pero aquí sigue sin pasar nunca nada. De eso