Impelidos por su infatigable celo en defensa del igualitarismo sexual, un miembro y una miembra de la sucursal riojana del tándem IU-CCOO presentaron hace dos meses en el juzgado una denuncia contra el Consejero de Educación por presunta prevaricación, al subvencionar un colegio privado concertado que “segrega y discrimina” a sus alumnos por su sexo. Tras su archivo por la Fiscalía, los denunciantes aseguran que no pararán hasta «acabar» con el concierto, que cifran en 1,6 millones de euros.

Mi primera reflexión al respecto es que si los varones y las mujeres (chicos y chicas, en este caso) somos absolutamente iguales, ¿qué coño o chorra más dará su distribución en las aulas? Ya en serio, creo que, además de mejor asesoramiento jurídico, estos querellantes necesitan un diccionario. «Discriminar» consiste en «seleccionar excluyendo» y «segregar» significa «Separar y marginar a una persona o a un grupo por motivos sociales, políticos o culturales». Ambos conceptos implican imposición o coerción y lo que hace este colegio es separar por sexos a alumnos cuyos padres escogen libremente un centro al que yo no llevaría a mis hijos aunque respeto, faltaría más, que otros lo hagan. El caso es que, si bien la separación en aulas por sexos no es acorde con los espíritus de la LOE y la Constitución (la misma que consagra los derechos al trabajo y la vivienda), guste o repugne, la práctica es legal y retirar la subvención a este colegio por tal motivo a lo mejor sí sería discriminatorio.

Pero el fondo de este asunto, creo, es la obsesiva oposición frontal de colectivos más amplios que el tándem que nos ocupa (en este caso la Plataforma por la Escuela Pública) contra toda subvención pública a colegios de titularidad privada. Y si piensan que a renglón seguido voy a defender esas ayudas, se equivocan. Bien al contrario, me sumo a su reivindicación aunque creo lamentable que basen toda su defensa del sector público en el cese de la necesaria colaboración con el privado, en lugar de procurando hacer mejor sus cosas. Venga, acabemos con las subvenciones, pero con todas. A la enseñanza y la sanidad privadas, las primeras, pero también a las de la legión de asociaciones, fundaciones, corporaciones, agrupaciones e instituciones que chupan de las ubres públicas (aquí más vale no aplicar el igualitarismo sexual en la metáfora estatal), incluyendo por descontado a partidos políticos y sindicatos. El histórico destete acabaría con la flaqueza vacuna y, de paso, con polémicos conciertos, presuntas discriminaciones, denuncias insostenibles y mareantes plataformas. Pero a ver con qué leche hacíamos torrejas.