Uno de los bichos terroristas más atroces, la etarra Inés del Río, fue sentenciada 3.828 años de prisión por asesinar a 24 personas. Encarcelada en 1987, cuando la reclusión máxima en España era de 30 años, pudo permanecer presa hasta 2017. Pero el código penal de 1973 con el que fue condenada, contemplaba reducciones del tiempo en prisión por trabajos o por los estudios que le valieron a la sujeta una rebaja de nueve años por su presunta actividad académica en la Universidad del País Vasco. En 2006, en respuesta a un recurso interpuesto por un monstruo (Henri Parot, 82 asesinatos), el Tribunal Supremo español sentó la jurisprudencia de aplicar las redenciones a cada una de las penas y no sobre el máximo legal de 30 años vigente entonces (hoy es de 40 para algunos delitos de terrorismo), lo que evitó la excarcelación de Del Río en 2008. Ésta recurrió al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que primero le dio la razón al entender que no se le pudo aplicar la llamada «doctrina Parot» de un modo chapuceramente retroactivo y ahora ha desestimado el recurso que interpuso el gobierno, con lo que el primer bicho de los que se beneficiarán de esta decisión inapelable del TEDH ya está en la calle, tan contenta y sin arrepentirse de nada. Pero que esta hija de su madre esté en la calle tras cumplir un año de condena por asesinado no es culpa del Tribunal de Estrasburgo, sino de los gobiernos españoles que entre 1973 y 1996 (tardofranquistas, ucedistas y sobre todo socialistas) no tuvieron agallas para promulgar leyes que pusieran a la sociedad a salvo de sus miembros y miembras más indeseables y peligrosos encarcelándolos de por vida si fuera preciso mientras no reconozcan sus crímenes, pidan perdón a sus víctimas y reparen el daño que les causaron. Pero nuestra democracia es así de guay, de acomplejada, de imbécil y de blandita. En Estados Unidos a criminales menos dañinos los encierran para siempre o los liquidan (a lo que me opongo) sin que se cuestione su solvencia como Estado de derecho, pero aquí hasta 2003 se les dejó matricularse irregularmente en una Facultad para soltarlos cuanto antes y si defendías la reclusión a perpetuidad de esta escoria te declaraban contrario al «proceso de paz» y hasta te llamaban fascista.

Puede que la anulación de la «doctrina Parot» y la consecuente liberación de sus beneficiados sea impecable desde el punto de vista jurídico, pero una sentencia que procura felicidad a los verdugos y más dolor a sus víctimas no puede ser más injusta para quienes creemos que la justicia consiste en dar a cada cual lo que merece, digan lo que digan algunas leyes tan mal hechas como condenar a los peores asesinos a cuatro mil años de prisión para liberarlos a los veintitantos.