Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, soltó hace unos días la ocurrencia de multar a quienes hagan «mal uso» de los servicios sanitarios del sistema nacional de salud «de forma consciente y voluntaria». ¿Ejemplos?: acudir a urgencias sin motivo, no acudir a citas médicas, no recoger pruebas diagnósticas o no retirarse de la lista de espera (?) una vez atendido.

Es cierto que muchas personas acuden a Urgencias por afecciones banales, abusan de la Atención Primaria, no comparecen a su cita con el especialista o para una exploración, prolongan indebidamente su baja o se automedican. Pero, sin duda, quienes usamos peor los recursos sanitarios somos los facultativos. Pues somos nosotros quienes solicitamos todos los días innumerables pruebas complementarias injustificadas, recetamos toneladas de fármacos inservibles, prescribimos tratamientos inefectivos, ordenamos hospitalizaciones innecesarias, mantenemos ingresos hospitalarios inadecuados y realizamos intervenciones quirúrgicas evitables. Nuestra sociedad está tan medicalizada que una de las principales causas de morbimortalidad de la población es la iatrogenia o daño producido por los propios actos médicos, preventivos o terapéuticos, en absoluto negligentes sino acordes con los actuales estándares protocolizados de la praxis médica, que han borrado para siempre del código deontológico el hipocrático primum non nocere (primero no dañar).

No obstante, en defensa de mi gremio diré que la clase médica es consciente de lo injustificado o inadecuado de muchas decisiones tomadas cediendo a exigencias de una sociedad hiperconsumista de salud que confía más en el resultado de una máquina que en la experiencia y el conocimiento adquiridos tras décadas de ejercicio. El mal uso de la sanidad no es tanto en acudir a Urgencias de un hospital terciario por un coscorrón, como generar un consumo de recursos desproporcionado a la levedad de esa patología, para evitar la bronca o por temor a la denuncia, pues la insoportable presión que soportan muchos médicos genera una medicina defensiva tan cara como inefectiva. Cuesta menos tiempo y trabajo pero más dinero prescribir un TAC o una resonancia no indicada pero exigida por el paciente o su familia, por ejemplo, que denegarla con criterios de adecuación clínica. Y si finalmente se realiza y sale normal, quién debe pagar la factura por el «mal uso», doctor Sendín: ¿el paciente?, ¿el médico?, ¿a escote? Un asunto tan complejo y delicado merece algo más que una ocurrencia improvisada.

(el-bisturi.com)