Contempladas desde la óptica políticamente incorrecta que caracteriza a esta decadente columna (pues acaba de cumplir una década), las administraciones públicas, léanse el Estado, la Comunidad Autónoma y su Ayuntamiento de usted, conforman un gigantesco aparato de extorsión legal organizado para esquilmar sistemáticamente al ciudadano indefenso. Pues la llamada administración o gestión pública consiste en gastar un dinero cuya principal fuente de ingreso son los impuestos que gravan las rentas del trabajo, la actividad empresarial o el consumo. Resulta que imponer significa «exigir a alguien cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa», extorsionar «obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación» y esquilmar «conseguir dinero u otros bienes de una persona de manera abusiva». Y eso es exactamente a lo que se dedica con ahínco –en el bolsillo te la hinco– esta formidable red de chupacuartos que cada mañana se despiertan pensando cómo sacarse de la manga otra gabela en forma de sanción, impuesto, tasa, gravamen, aportación, tarifa o arbitrio con los que apretujar más al exhausto contribuyente contra el exprimidor. Exacciones que, si eres un anónimo pringao, se acompañan de la correspondiente amenaza de recargo por no ingresar en plazo, mientras que la Agencia Tributaria, por ejemplo, puede retenerte de más y devolverte el excedente hasta dos años después sin abonar ningún interés, y si evades millones puedes quedar impune.

Pero no quiero referirme tanto a los grandes impuestos que soportamos (IRPF, IVA, Sociedades) como a otras rascaduras de bolsillo, bastante menos cuantiosas pero mucho más indignantes: el atraco a taquilla armada, que consiste en cobrarte en mano por visitar monumentos y espacios naturales o por utilizar servicios e infraestructuras a cuya construcción y mantenimiento contribuimos todos con los antedichos impuestos. Ejercer de turista en tu propio país, por ejemplo, significa pasarte el día con la cartera en la mano si quieres entrar en una catedral, visitar un edificio del Patrimonio Nacional o acceder a una playa presuntamente virgen que lo único que tiene de salvaje son los seis euros que te sacan por aparcar aunque sea media hora o ya te estás dando la vuelta sin verla siquiera.

Sorprende la peleona resistencia popular al llamado «copago», o cobro de una tasa o aportación para recibir servicios públicos como la sanidad o la justicia, y la docilidad con la que apoquinamos por cosas como montar en el autobús urbano, sacar el pasaporte, entrar en una ermita, matricularse en un conservatorio o aparcar en la puñetera calle. La cosa es sacarle la pasta como sea al ciudadano. Y no es copago, sino repago.