En esta campaña electoral parece que los líderes políticos compitieran menos por captar votos que por soltar sandeces, de tamaño inversamente proporcional a su edad. Una de las mayores que he escuchado estos días, realizada por un aspirante a presidir La Rioja, es impedir el traslado de accidentados de tráfico al único hospital privado de la provincia como muestra de su apasionada apuesta por la sanidad pública.

Existe la creencia popular de que el sistema público de salud presta asistencia sanitaria  universal gratuita, pero no es así y entre los gastos no cubiertos por la Seguridad Social están los ocasionados por los accidentes de tráfico, que corren a cargo de las empresas aseguradoras. O sea que si usted resulta lesionado en un accidente y lo atienden en un centro sanitario, dará igual si es público o privado, la factura se la presentarán a la compañía de seguros que proceda.

Desde 1977 existe en España una asociación empresarial que agrupa y representa a la casi totalidad de las entidades aseguradoras del mercado de seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). Como éstas carecen de centros asistenciales propios, los lesionados por accidentes de circulación son atendidas en centros de la red sanitaria de acuerdo con un Convenio Marco suscrito entre la partes proveedora y financiadora del servicio. En toda España, UNESPA tiene concertada esa asistencia tanto en centros públicos como privados y la organización de la atención en unos u otros se lleva a cabo de acuerdo con criterios asistenciales y de gestión acordados entre los respectivos ámbitos sanitarios y las aseguradoras que, recordemos, son las que pagan.

De modo que si por haber sufrido un accidente de tráfico a usted lo trasladan a un hospital privado, directamente o para continuar tratamiento tras haber sido atendido inicialmente en uno público, o viceversa, no lo estarán «desviando» irregularmente en virtud de un contubernio urdido por el poder regional para favorecer oscuros intereses, sino asistiéndolo de acuerdo con un convenio entre centro y aseguradora cuyo objetivo es proporcionar al paciente lo único que le importa: que lo atiendan lo mejor y antes posible sin desembolsar un céntimo.

Creo que esto podría entenderlo cualquier candidato a la presidencia del gobierno regional que no estuviera poseído por una doble manía obsesiva: hacia el titular del sillón que aspira a ocupar prometiendo imposibles y contra la empresa propietaria de un hospital privado al que defensores tan fervorosos de la sanidad pública como él no le hacen ascos cuando lo necesitan.

Algunas cosas solo se pueden decir o por mala fe o por ignorancia supina. En un político que aspira a gobernar, ¿qué será peor?