Hojear la prensa local en cualquier rincón de un país tan variado como la maravillosa España te convence de que, en el fondo, no somos tan diversos. Que en todas partes se cuecen las mismas habas, habichuelas, lentejas, garbanzos, caparrones, fabas, pochas, judiones, monchetas o garrofones; legumbres todo lo diferenciadoras que se quiera, pero a la postre generadoras de la misma fétida flatulencia, compuesta de ácido butanoico y sulfuro de hidrógeno globales.

Y es que, vayas donde vayas, encuentras idénticas miserias en la politiquilla del lugar como última instancia territorial del politiqueo nacional, sintomático de una democracia mal entendida y peor practicada. Así, toda oposición concentra sus fuerzas en desgastar a los que mandan denunciando lo mal que hacen todo, mientras estos contraatacan alegando herencias recibidas y desplegando una propaganda que solo convence a los suyos. La situación se exacerba cuando se acercan otras elecciones, cuya campaña consistirá en tirarse al cuello del contrario, mientras los administrados siguen preguntándose qué hay de lo suyo, o sea de su desempleo, su salario, su vivienda, su operación de menisco, su pensión o su factura de la luz.
En ocasiones, sin embargo, los reproches no se los hacen los partidos, sino la gente a todos ellos, como en el asunto de las plazas de aparcamiento que los riojanos les pagamos a sus señorías todo el año para que acudan cómodamente a sus puestos de trabajo. Entonces, todos callan hasta que pase el chaparrón y el tema se olvide. No obstante, cuando los podemitas aterrizaron en el Parlamento (2015) renunciaron a «prebendas» como las insignias de plata y las tarjetas para aparcar gratis (pero no al esmarfón ni la tableta), porque suponían «un coste innecesario a la ciudadanía». Aunque simbólico, fue un gesto coherente con su declarado objetivo regenerador de una casta política corrompida.

Pero una legislatura después, los 787,87 euros anuales que costaría la plaza de garaje de la única diputada de Podemos son mucho menos que el alpiste del canario comparados con los 11.877.052 que nos está costando este año la consejería superflua que se creó para solventar su apoyo a la señora Andreu. Su socia, la señora Romero, todavía está a tiempo de demostrar su voluntad de ahorrarle a la ciudadanía otros veinticuatro millones renunciando a su cargo y a su innecesaria consejería, manteniendo su apoyo al gobierno, si lo desea, pero a cambio de nada. Entonces sí nos creeríamos el cuento de la regeneración, pero tal cosa no sucederá porque, como decía al principio, en todos los gobiernos se cuecen habas. Y, además de meter la cuchara, ningún tonto se machaca la suya.