Uno de los impedimentos a la normalización de la democracia en España es la histórica deslegitimación de la derecha por parte de una izquierda que no ha terminado de sacudirse el totalitarismo excluyente que la caracterizó en el pasado. Recuérdese el intento de Azaña de anular las elecciones de 1933, intolerablemente ganadas por la derecha (“la República será de izquierdas o no será”), o la insurrección asturiana de 1934, alentada por UGT y PSOE, que pretendió derribar al gobierno legítimo por la vía revolucionaria. Deslegitimación que perdura, disfrazada de oposición democrática, como demostró el “cordón sanitario” en torno al PP por parte de los partidos de izquierda (PSOE, IU) y separatistas, unidos por un odio a la derecha española (los unos por derecha y los otros por española) representada hoy por el Partido Popular y personalizada en un Aznar y un Rajoy a quienes nunca perdonarán que los hayan vapuleado a todos en las urnas.
Y uno de los vicios ancestrales de la llamada izquierda española es arrogarse el derecho exclusivo a echarse a la calle, sobre todo cuando gobierna la derecha, mientras se quedan en casa cuando mandan los suyos, aunque lo hagan peor. Resulta que ocupar las calles ondeando ilegales banderas republicanas es un ejercicio democrático de los partidos de izquierda y su brazo secular sindical, pero cuando se manifiesta la derecha enarbolando la bandera constitucional se trata, hay que joderse, de fachas nostálgicos del franquismo. Así que no me sorprende que tras la rotunda victoria electoral del PP los sindicatos demuestren otra vez que no están al servicio de los trabajadores españoles (¿dónde se escondían durante la sangría zapaterista del paro*?) sino de una izquierda que cuando pierde el poder vuelve a las andadas de incitar al alboroto callejero y parapetarse tras las faldas de las pancartas. Lo que me asombra es que la gente se manifieste a favor de un juez prevaricador o contra unas medidas inevitables para eludir la quiebra pero no ante la petrolera que les sube el precio del combustible aunque bajen el crudo y el dólar, la sucursal del banco que utiliza la inyección de dinero público para su saneamiento mientras les deja sin crédito o sin vivienda, el hospital que tarda ocho meses en desatascarles la corva o el ayuntamiento que consiente su insomnio pero los fríe a exacciones.
Se entiende la inquina de esta izquierda hacia Manuel Fraga, el ministro de la Gobernación que osó proclamar: “la calle es mía”. Porque, faltaría más, es sólo suya. Antes, por tradición. Y ahora, porque las elecciones (y faltan las andaluzas) les han puesto a casi todos de patitas en ella. Pues nada, que la disfruten, ahora que el buen tiempo anima a salir.

* 2.200.000 en 2004 (11,2%), 5.200.000 (21%) en 2011