En los últimos treinta y cinco años he suscrito cuatro préstamos hipotecarios y en ninguno, que recuerde, fui secuestrado a punta de pistola por un comando bancario compinchado con agentes de la propiedad inmobiliaria que me arrastraron hasta una notaría para obligarme a firmar un contrato leonino bajo amenaza de apretar el gatillo. Fui yo quien se entrampó solito, pidiéndole al banco más dinero del que ganaría en muchos años, con el compromiso de devolverlo en cientos de cómodos plazos. Quien firmó la escritura sin retorcerme el otro brazo, sabiendo: que el interés y por tanto la cuota podrían variar, o sea subir; que si no pagaba, el banco aplicaría un interés usurario además de una comisión que agrandarían la deuda; que a partir del tercer impago podrían iniciar una reclamación judicial y de seguir sin pagar, el banco solicitaría al juez la ejecución de la hipoteca; que entonces tendría que abandonar mi vivienda para venderla en pública subasta y que, si no se vendiese o lo obtenido con la venta no saldase la deuda -sin poder dar la vivienda como pago- el banco podría embargar más bienes míos o de mis avalistas. De modo que si no devolvía el préstamo me quedaría en la calle, pero encima debiéndoselo al banco y, para colmo, ingresando en un fichero de morosos a disposición de las entidades bancarias que significaría mi muerte prestataria.

Por suerte, nada de eso ha sucedido en mi dilatada trayectoria hipotecaria, y deploro las dramáticas consecuencias que la crisis está acarreando a tantas familias españolas que no pueden seguir pagando su vivienda. Pero no entiendo algunas reacciones organizadas de víctimas, de la crisis y de la Ley Hipotecaria, sí, pero también de sí mismos y de su voluntaria decisión de endeudarse casi de por vida por una vivienda en propiedad, presentándose ante la sociedad como “afectadas por las hipotecas”, como si resultaran de una plaga infectocontagiosa o de una catástrofe natural, tan imprevisibles como ajenas a su responsabilidad. Menos aún comprendo su acoso a políticos y sus familias, curiosamente siempre del mismo partido, cuando en la solicitud, tramitación, concesión, formalización y, en su caso, ejecución de un crédito hipotecario intervienen banqueros, notarios y jueces pero nunca diputados, consejeros o concejales. Si es porque son ellos quienes pueden cambiar las leyes que regulan hipotecas y desahucios, lo es desde hace decenios y cada año se producen decenas de miles de dramáticos desalojos de familias insolventes sin que a nadie parezca haberle importado hasta ahora. Quizá tendría más sentido montar esto de los escraches ante el banco, el juzgado, la inmobiliaria o, puestos a exigir responsabilidades, frente a ese espejo en el que nos miramos tan poco por miedo a descubrirnos.