Ciertos sectores de nuestra sociedad esgrimen una dialéctica de contraposición maniquea entre lo público, defendido como algo esencialmente bueno que es preciso preservar a toda costa (y a todo coste), y lo privado, percibido como algo intrínsecamente abominable que además amenaza a lo público, sobre todo cuando se refiere a los fondos que gestiona la Administración del Estado, o tesoro público. En este contexto, la acepción del diccionario aplicable al término «público» es: «Perteneciente o relativo a todo el pueblo». Y este hecho esencial de «ser de todos» es lo que confiere a los caudales públicos un carácter de intangibilidad casi sagrada, y lo que provoca la crispada indignación popular ante la profanación cometida por el personaje que malversa o se apropia indebidamente de la pasta intocable del pueblo soberano.

Sin embargo, el llamado «dinero público» es una entelequia. En realidad es la suma de muchos dineros tan privados como los que la Hacienda –ésta sí, pública– recauda de modo impositivo a millones de asalariados, consumidores y empresas, casi todas privadas. No hay nada más privado que el sueldo que cobramos, las compras que realizamos o los beneficios que genere nuestra empresa. Nada más privado, en fin, que el dinero de nuestro bolsillo, en el que la Administración mete mano cuanto puede gravando tanto el salario por nuestro esfuerzo como aquello en que lo gastamos.

Aun siendo obvio, convendría aclarar, primero, que el Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento no recogen y reparten el maná caído del cielo directamente a sus arcas, sino que recaudan y gastan el dinero privado de los impuestos actuando como intermediarios entre el mismo origen y destino de la pasta: los ciudadanos. Segundo, que, en lo que a rentas del trabajo se refiere, la aportación ciudadana varía entre nada y la mitad de lo que se gana por currar, y que esta desproporción casi nunca coincide con lo recibido. De manera, y tercero, que hay quienes aportan poco o nada y lo reciben todo mientras que otros aportan mucho más de lo que reciben, lo que invita a reflexionar sobre el encaje de los conceptos de solidaridad y justicia en nuestra sociedad. A aquella célebre necedad de la ministra zetaperista Carmen Calvo: «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie», cabría responder que es de todos, claro, pero de unos más que de otros. A esto suele replicarse con la suerte que tienen algunos de poder pagar a Hacienda buena parte de lo que ganan trabajando. La respuesta es de Thomas Jefferson: «Yo creo mucho en la suerte, y he comprobado que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo».