El año pasado concluyó con una nebulosa de tristeza en el ánimo de la ciudadanía y 2013 ha comenzado con la insufrible constatación de que la hidra de la corrupción extiende sus garras hasta lo más profundo de nuestro sistema institucional y de representación política. El estallido del caso Bárcenas evidenciando que el tesorero del PP ha amasado, a la sombra del poder, una inmensa fortuna evadida fiscalmente en Suiza y las islas Bermudas, unido al presunto reparto de sobresueldos en dinero negro entre la cúpula dirigente del partido que, por otro lado, ya cobraba generosos sueldos del erario público está resultando un ciclón que amenaza con arrasar la poca credibilidad que quedaba de la clase política. Es cierto que cualquier generalización de una conducta delictiva y deshonesta entre la totalidad de las personas que se dedican a la política en España es injusta porque también hay gente altruista y trabajadora pero no es de extrañar que ante este desolador e indigno panorama muchos piensen que la mayoría están o han estado en política para forrarse.  

No es necesario realizar una encuesta para saber que una amplísima mayoría de ciudadanos considera que el clima de corrupción en España resulta irrespirable y la pestilencia es tal que exaspera, proliferan chistes y chirigotas y el enfado es de tal calibre que asusta pensar donde puede parar este clima de enfado social generalizado. Muchos empezamos a creer que mientras se fraguaba la crisis en vez de promover reformas que diversificaran nuestro sistema productivo o impulsar nuevos proyectos de investigación tecnológica e industrial, un selecto puñado de la élite política se dedicaba a realizar obras desmesuradas en su tamaño y en su utilidad con la única misión de cobrar comisiones ilegales inflando presupuestos o incrementándolos con modificados escasamente justificados. De igual manera se adjudicaban concesiones de servicios públicos, previo paso por taquilla, o se creaban múltiples organismos que ahora es preciso suprimir, para colocar a amigos, primos, afiliados de confianza y demás familia como con diligencia ha hecho José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Orense. 

A mi modo de ver, limitarnos a constatar lo que resulta una obviedad no es suficiente, es necesario reclamar reformas urgentes si queremos salvar y regenerar nuestro sistema democrático. Los políticos honrados que están en los partidos políticos afectados por la corrupción debieran ser los primeros en unirse al pueblo que dicen representar y exigir cuanto antes cambios profundos. Es cierto que algunos de ellos puede que pierdan su empleo si se introducen nuevas reglas en el juego democrático, pero entiendo que la política no debe ser un oficio al que alguien acude a temprana edad con la intención de jubilarse en él porque la vocación de servicio a veces queda cercenada por la rutina y el apoltronamiento. Es un honor ser representante público y por ello esa dignidad debe rotar a juicio de los méritos que señale no el partido sino el elector. Yo, que en mi otra vida me dediqué a la política, comprendo las reticencias de los partidos a cambiar sus estructuras pero estoy convencida de que el momento de adoptar medidas es éste ya que el clamor ciudadano es atronador. No es la primera vez, pero hoy más que nunca me uno a quienes piden: cambiar la ley de financiación de los partidos políticos que recibiendo dinero del erario público deben ser auditados no por un Tribunal de Cuentas compuesto por expolíticos y pactado por ellos, sino por auditores independientes que no estén pendientes de adjudicaciones públicas, ahí están, los funcionarios de la inspección de Hacienda. Debe cambiarse la ley electoral, listas abiertas y electos que rindan cuentas a sus electores, limitación de mandatos para frenar la tentación de crear redes clientelares, elección directa de alcaldes, supresión de las diputaciones… y por supuesto, el que la hace la paga. En definitiva, o los políticos y sus partidos cambian escuchando lo que dice la calle o, sin duda, las calles los cambiarán a ellos más pronto que tarde.