Las cosas han llegado a un punto que para conseguir restaurar la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático es necesario pasar de las palabras a los hechos. Es decir, en vez de predicar hay que dar trigo. La lucha contra la corrupción tiene que percibirse como una prioridad. Creo que no es necesario esperar a que los tribunales de justicia actúen, imputen, procesen, encausen y otras figuras jurídicas detrás de las que se esconde la incapacidad de partidos políticos y cargos públicos para asumir responsabilidades en este país que se desangra moralmente tras los continuos expolios.

          Estos días el Tribunal Supremo ha citado a declarar como imputados a los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a tres exconsejeros, por el escandaloso fraude de los ERES. El asunto ha desempolvado de nuevo la eterna polémica sobre la figura jurídica de la imputación que, ciertamente, no prejuzga la culpabilidad. En este caso es el PSOE el que se sitúa de nuevo en el disparadero del cabreo nacional. Desangrado en luchas internas, esto sólo agrava el poco crédito que conserva ante un electorado que le abandona progresivamente.

          En cualquier otro país de tradición democrática un gobierno como el de Rajoy, sustentado en un partido en el que las sombras de financiación irregular son algo más que indicios, con su tesorero que entra y sale de la cárcel pero que está forrado y al que el presidente del gobierno le pide que sea fuerte, hace tiempo que hubiera tenido que dimitir. Lo mismo opino de Esperanza Aguirre, madrina política de Francisco Granados, hoy encarcelado, y con muchos de sus hombres de confianza implicados en la trama Gürtel. Ella, que es ahora empleada de una empresa de cazatalentos, pretende ser candidata a la alcaldía de Madrid cuando debiera estar políticamente inhabilitada. Los errores deben admitirse y pagarse con la renuncia y más cuando se ha causado un quebranto al erario público. Pedir perdón es muy fácil. Se seleccionan las palabras  adecuadas mostrando un poco de aflicción y aquí paz y después gloria. No señores, la responsabilidad política se asume dimitiendo, repito dimitiendo y para ello no hay que esperar a que actúen ni jueces, ni fiscales ni nadie más que la propia conciencia personal.

            El 29 de abril de 1986, el socialista Demetrio Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León dimitió de su cargo al ser encausado en un asunto de su vida personal con una empresa textil que regentaba. Se consideró inocente pero añadió: “la instrumentación política que de mi situación personal se ha venido haciendo y puede hacerse, mi dignidad personal, la de las instituciones y el interés del partido me aconsejaban dimitir”. Años más tarde fue absuelto de todos los cargos que le imputaron. Mereció el reconocimiento volviendo a ocupar cargos públicos. Ha quedado como un referente ético, de eso no hay duda teniendo en cuenta el basurero en el que estamos instalados.

            En la situación actual y sin dudar de la honorabilidad de los imputados, aunque no se les haya señalado delito alguno y crea que puedan ser declarados inocentes, teniendo en cuenta la magnitud del escándalo y la cuantía millonaria del fraude, la situación aconsejaba hace ya tiempo que debieron ser ellos, Chaves y Griñán, los más interesados en retirarse del foco mediático para salvaguardar los intereses de su partido. Todo político sabe, o debe saber, que el interés colectivo debe prevalecer al personal y que, a veces, hay que sacrificarse para salvar al conjunto de la organización que dicen defender. Estamos en un momento clave, cuando ya nadie cree a nadie porque cada día surge un nuevo escándalo. Ahora es cuando hay que demostrar la valentía y la grandeza, es la única forma de contribuir a recuperar la credibilidad perdida en florituras jurídicas y en descaradas mentiras. Sólo actuando así demostrarán que son mejores que los otros, porque de no hacerlo la gente concluye que todos son iguales.