La semana pasada se respiraba Carnaval, miraras donde miraras todo el mundo anduvo disfrazado aparentando ser lo que no era. La Justicia (española) anduvo perdida, se le había caído la venda de los ojos, la que simboliza que, siendo ciega, es igual para todos y no se deja impresionar ni por el dinero ni por la posición social de los encausados. Pero no sólo extravió la venda sino que parece que la tal Justicia había entrado en una tienda de “Compro Oro” a empeñar la balanza de la equidad en el mercado negro de las influencias y de los favores que anda muy concurrido en el zoco en que se ha convertido el suelo patrio en los últimos tiempos.
Como dice mi vecina, es que nos tienen cogido el tranquillo y si no quieres taza pues nada, taza y media. Lo cierto es que más que taza fue tazón. Después de la absolución de la infanta Cristina Federica de Borbón, la que nada sabía, ni oía, ni veía vino la “condenilla” de su marido. Como la sentencia va a ser recurrida, ya veremos en qué termina la historia. Pero de momento ya le han puesto colofón al asunto. La aceptación de que su no ingreso en prisión se debía al “arraigo” es una tomadura de pelo del tamaño de los Alpes suizos. Es que Urdangarín de pequeño veía Heidi y de ahí el arraigo en ese país de cuento. A lo que vamos, que el exduque de Palma de Mallorca no estaba arraigado en las Baleares como debía desprenderse de su título consorte sino en Suiza que, como bien nos han enseñado en los últimos escándalos judiciales, ese país es la verdadera patria de los patriotas españoles desde tiempo inmemorial.
Boquiabiertos estábamos cuando el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombrado hace tres meses, se pone a hacer lo que le han mandado desde arriba, es decir, purgar a fiscales anticorrupción. Uno de los destituidos es el fiscal de Murcia, Manuel López Bernal, que llevaba la investigación de un caso que afectaba al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. López Bernal, no se ha mordido la lengua y nos ha contado a toda España que “no puede ser que los perseguidos sean los fiscales por delante de los corruptos”. La situación ha llevado a que la Unión Progresista de Fiscales haya denunciado la situación de muchos de sus asociados, entre ellos, el caso del calagurritano, Miguel Ángel Subirán, Fiscal Anticorrupción de Palma de Mallorca, que está sufriendo un acoso inaudito desde hace tres años por una investigación de corrupción en la Policía Local. Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá en una incontinencia verbal, poco recomendable en un cargo como el suyo, arremete contra los fiscales en vez de esmerarse en no interferir en la administración de Justicia.
A estas alturas pueden contar lo que quieran, pero se está consintiendo un deterioro continuado de uno de los pilares del estado de derecho: el poder judicial. La predicada independencia e imparcialidad del poder judicial y el principio de la división de poderes es hoy una quimera. Cuando un poder trata de influirir tan claramente en el funcionamiento de otro es que algo huele a podrido en el sistema.
Algunos creen que la sentencia condenatoria de Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia por el uso indebido de las tarjetas black aliviaría la sensación de impunidad de los corruptos en España, pero eso no ha ocurrido. Este país no puede permitirse que la ciudadanía desconfíe de la Justicia porque eso resquebraja la fortaleza de la democracia. Pero desgraciadamente esta es la consecuencia de los reiterados abusos cometidos. Que en medio de esta tormenta el PP y el PSOE hayan llegado a un acuerdo para la renovación por cuota (dos cada uno) de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional es una provocación totalmente inoportuna, un suma y sigue de despropósitos. Hasta ahora la paciencia de los ciudadanos parece infinita pero no está demostrado que lo sea. Tras el carnaval viene la cuaresma, que dicen es tiempo de ayuno y abstinencia. Clamemos para que algunos se abstengan de interferir en la justicia antes de que la conviertan en una máscara de carnaval.