Amargura constitucional
Sigue el volcán de Cumbre Vieja asombrándonos. Viendo la lava depositarse lentamente sobre el mar, hemos aprendido sobre la topografía variable de las islas volcánicas. Dónde había un llano ahora hay un monte de lava y en su contorno La Palma tiene hoy un apéndice nuevo, una fajana. Al mismo tiempo a nosotros nos ha salido un grano en lo alto de la Justicia y un sarpullido en nuestra paciencia, siempre puesta a prueba por comportamientos sectarios e irresponsables de muchos protagonistas de la vida pública. Predicar una cosa y hacer la contraria construye monumentales decepciones y la escasez de ética pública resquebraja las estructuras democráticas.
No hay cosa peor que estar empachado de engaños y medias verdades. Es triste decir estas cosas pero es que la verdad, no es que sea amarga, como canta Serrat, es que no tiene remedio.
La renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró hace más de dos años es un buen ejemplo del deterioro creciente de las instituciones. Un Tribunal caducado se ha permitido la intemperancia, para ser finos, de declarar inconstitucional, por 6 a 5 votos, el primer estado de alarma sin tener en cuenta la emergencia sanitaria y la protección de la población evitando llegar a extremos de una mayor limitación de derechos, caso de haberse declarado el estado de excepción. Ese es el instrumento jurídico que consideraban adecuado, con peregrinos argumentos, los magistrados. Obviaron que solo la expresión estado de excepción asusta sin ni siquiera aplicarse. Todo lo que han sentenciado después no es sino llover sobre mojado desde una perspectiva que tiene más de censura política que de justicia equilibrada y solemne. Es inevitable que el ciudadano pueda pensar que si en vez de este Tribunal caducado hubiera sentenciado otro más fresco, a lo mejor el estado de alarma hubiera sido constitucional. Perder credibilidad es lo más terrible que puede ocurrirle a tan alta magistratura del estado.
La guinda de este pútrido pastel que cocinan en el parlamento la pone el magistrado Enrique Arnaldo, un ideólogo del PP, bien pagado por sus administraciones (hasta un millón de euros según la Agencia Tributaria en el sumario del caso Palma Arena). Lo ha propuesto el mismo PP que dice que no quiere que se politice la justicia y parece que va a ser votado por muchos diputados, como dice el socialista Odón Elorza, con la nariz tapada para que no los tumbe el hedor. Si Arnaldo tuviera un poquito de por favor se retiraría él solito, pero es que hay quien muere por ser alguien antes que por hacer algo por prestigiar las instituciones de todos. Mal el PP, mal Arnaldo y mal quienes han aceptado el trágala y van a votarlo aunque el olor a podrido sea evidente y el daño a la Justicia, irreparable. Siento amargura constitucional.