Vamos a realizar hoy un ejercicio de imaginación. Pongamos que en lugar de en España, vivimos en cualquier otro país del llamado primer mundo: Reino Unido, Francia o Alemania. No les digo Estados Unidos porque ya la cosa se volvería surrealista. Y pongamos por caso que los jueces aplican estrictamente la ley y el Estado de Derecho.

Ahora ubiquen lo que acaba de ocurrir con el terrorista de ETA Valentín Lasarte en cualquiera de esos países. ¿Alguien concibe que un terrorista condenado a más de trescientos años de cárcel por varios asesinatos pudiera salir de la cárcel habiendo cumplido tan sólo 19 años por haberse arrepentido? ¿En qué lugar dejaría a ese país en el que aconteciera semejante aberración al Estado de Derecho? ¿Qué pensarán las víctimas sobre esta singular aplicación de las penas? ¿Qué mensaje lanza este tipo de situaciones a la sociedad, más que hastiada por la libre interpretación de las leyes que se admite solo a algunos?

Cuando un país o una sociedad deja que sus principios más básicos queden pisoteados en deferencia de una paz mal entendida, algo grave sucede. Es intolerable que el tan mentado Estado de ¿Derecho? consienta como algo habitual el arrepentimiento sin colaboración o las filtraciones (como la que la semana pasada posibilitó la huida del etarra Plazaola). Así, el mazazo a las víctimas se multiplica hasta la enésima potencia: la barbarie no sólo les arrebata un ser querido, no sólo se las descalifica y atenaza durante décadas, sino que además tienen que ser objeto de las carcajadas de los siniestros liberados que hace cuatro días empuñaban pistolas para imponer su línea unívoca de pensamiento. ¿Era esto el Estado de Derecho? ¿En serio?