Más de dos décadas han transcurrido desde que se firmó el cacareado protocolo de Kioto. Se suponía que, tras años de desencuentros y negaciones, los países más contaminantes del mundo se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todo tenía un único objetivo: salvar un planeta que nos estábamos cargando a marchas forzadas.

Pues bien, 22 años después de su adopción, el planeta sigue muriéndose, e incluso más rápido que entonces, aunque no queramos asumirlo.
Desde aquel 1997 en el que se alumbró el Protocolo de Kioto, lo más positivo que ha vivido este mundo es que sus habitantes (o al menos, una buena parte) han tomado conciencia de que hay que paliar de algún modo las atrocidades a las que lo hemos sometido. Los particulares intentan reciclar (de forma más o menos) ordenada, los consumidores empiezan a desterrar productos con exceso de plástico, los más jóvenes impulsan las movilizaciones pacíficas pero firmes en defensa de una acción ecologista integral… Pero no basta: la clave, el verdadero ‘quid’ de la cuestión, la tienen los gobiernos. Poco pueden hacer los ciudadanos por su parte si los dirigentes no promulgan políticas profunda y realmente verdes, si no optan por la sostenibilidad antes que el rédito económico o si no se lanzan a una lucha sin cuartel contra ese calentamiento global que ya cuesta vidas.

En esta guerra contra el cambio climático, los ciudadanos somos rehenes de los gobiernos. Por eso, si estos últimos no apuestan por la victoria, poco podremos hacer los demás para evitar que el planeta se convierta en un cadáver. Como, por desgracia, ya es Kioto.