MARCELINO IZQUIERDO y J. SAINZ

Hace 200 años amanecía en Cádiz la sociedad moderna basada en las libertades de los ciudadanos. Como un nuevo sol resplandeciente, destinado a acabar con las tinieblas del Antiguo Régimen, se alzaba la Constitución Española de 1812, la primera en su historia y una de las pioneras del mundo en cimentarse sobre los principios de la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales. Los españoles, que llevaban cuatro años en guerra contra la invasión napoleónica, intentaron, al mismo tiempo que combatían por la independencia, dar un golpe de timón revolucionario y pacífico para acabar con el absolutismo. Y aunque solo dos años después el deseado y felón FernandoVII acortaría drásticamente su vigencia derogándola nada más recuperar el trono al intruso José Bonaparte, la semilla de las libertades estaba sembrada. Fue un 19 de marzo, festividad de san José, cuando de la luminosa bahía gaditana surgió un clamor hacia todo el país, hacia Europa y hacia América, un clamor para la historia: ¡Viva la Pepa!

El entusiasmo liberal aún tardaría unos meses en extenderse a la España todavía ocupada por los franceses, como Logroño, que no se vio liberada hasta el 24 de junio de 1813. Pero incluso aquí llegaban desde el sur los aires de cambio como un viento más fuerte que el yugo de los viejos señores o la bota del invasor. España luchaba por la libertad en dos frentes: «La ira del pueblo madrileño –escribe el historiador Fernando García de Cortázar, en referencia a la chispa del 2 de mayo– hizo avanzar la historia de España en pocos años, de tal forma que la rebelión popular contra el ejército francés habría de convertirse en una insurrección nacional contra la tiranía por obra de los diputados de las Cortes de Cádiz».

Caída del absolutismo

España no podía ser ajena al movimiento revolucionario europeo del último tercio del siglo XVIII ni al independentismo americano. En 1776 los Estados Unidos se habían emancipado del imperio británico y en las calles de París rodó la cabeza de Luis XVI en 1793. El absolutismo caía en el continente y caían con él monarquías, vasallajes, diezmos e inquisiciones. La cada vez más influyente burguesía ilustrada venía a reclamar una soberanía nacional superior incluso a la autoridad de los reyes. Y en España esa autoridad, muy debilitada entre la persona del abúlico Carlos IV y la ambición de su heredero, terminó quebrándose ante el expansionismo de Napoleón. El pueblo español respondió con la fuerza que nunca demostró el viejo Borbón y expresó un deseo de modernidad que condicionaría al joven.

En esa guerra contra el francés se libraba también la batalla contra la tiranía y este frente tenía su lugar en Cádiz. Mientras los guerrilleros mantenían ocupado al invencible ejército bonapartista con escaramuzas y emboscadas en las sierras que dominaban, como los Cameros, en la isla de San Fernando ayudaban a alumbrar una nueva era los representantes políticos de cada provincia. También de una incipiente Rioja, que no quiso permanecer al margen de ninguno de los dos frentes en los que se jugaba el porvenir.

Pese a que La Rioja y los riojanos jugaron un papel importante en las Cortes Constituyentes gaditanas, la región como tal no estuvo representada en la redacción de la primera Carta Magna. Desde el estallido de la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo de 1808, distintos núcleos de resistencia a las tropas de los Bonaparte fueron agrupándose en la región, aunque sin un liderazgo claro. Como analiza el historiador Francisco Bermejo, «existe abundante documentación de los años iniciales de la guerra sobre las fricciones entre los mandos oficiales de Burgos y Soria con los representantes riojanos, en las que, a la vez que se protesta por los excesos cometidos en estas tierras por los citados jefes, también se postula la unidad del territorio riojano bajo un mando distinto y único».

Así, entre 1809 y 1811 todas las fuerzas militares y civiles de la insurrección antinapoleónica quedaron centralizadas en la denominada Junta de La Rioja. Esta Junta, que tomó como punto de encuentro la localidad serrana de Soto de Cameros, alejada de la ribera del Ebro (zona estratégica para el Ejército galo), controlaba en la sombra un vasto territorio, autónomo de las provincias de Burgos y Soria, entre las que La Rioja estaba troceada políticamente. Sin embargo, las graves discrepancias sobre la elección de representantes políticos de la «Provincia de Rioxa» para acudir a las Cortes de Cádiz propició que José Canga, secretario del Despacho de Estado del Consejo de Regencia, optara por disolver la Junta de La Rioja el 6 de diciembre de 1811, a lo que también contribuyeron las exigencias riojanas sobre las competencias en Hacienda y en el nombramiento de sus propios funcionarios. De esta forma, la situación administrativa de la actual comunidad autónoma perdía las cotas de autogobierno conquistadas durante la Guerra de la Independencia, si bien se permitía a la llamada «Junta de La Rioja y Álava» enviar un diputado a la Isla de San Fernando.

Y no fue uno sino hasta tres los diputados elegidos, aunque sólo uno formó parte de las Cortes redactoras de la Carta Magna, según consta en el Archivo del Congreso de los Diputados madrileño. En 1810 había sido designado para ocupar el cargo el presbítero  Francisco Salazar, cura de Vilueña (Zaragoza) y comandante de guerrilla. El 20 de enero de 1811 es elegido el alavés Prudencio María Berastegui, en una junta celebrada en Molina de Aragón (Guadalajara) y en la que tomaron parte, entre otros, los riojanos José Víctor de Oñate, catedrático de la Universidad de Valladolid y nacido en Logroño, el licenciado alfareño Juan Josef Alfaro y Ambrosio Sánchez de Arguiñigo. El tercero y definitivo fue el también alavés Manuel de Aróstegui, quien sí pudo viajar a tierras andaluzas.

Dos riojanos ilustres

La Rioja, sin embargo, no quedó huérfana. Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, natural de Alesanco y obispo de Calahorra y La Calzada, estuvo presente como diputado de las Cortes Constituyentes en representación de la Junta Suprema de Burgos, pese a lo cual en todas las actas firmó como obispo de Calahorra. También jugó un papel clave, por su magisterio jurídico, el serrano Manuel García Herreros, nacido en San Román de Cameros, si bien en representación por la provincia de Soria. Tiempo habrá de profundizar sobre estos dos ilustres personajes, vitales en la Constitución de 1812.

Los 40 principales del obispo Aguiriano

Francisco Mateo Aguiriano, obispo de Calahorra desde los albores del siglo XIX, fue el encargado por las autoridades competentes, en plena Guerra de la Independencia, de elegir a las personas que considerara con cualidades para representar a la nación en las inminentes Cortes. Como su diócesis comprendía en 1809 los territorios de La Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y algunos pueblos navarros, Aguiriano incluyó en su lista a 40 riojanos, 9 vizcaínos, 14 alaveses, 11 guipuzcoanos y 5 navarros. Como nacido en Alesanco que era, barrió para casa. Y lo hizo desde Murcia, tierra en la que tuvo que refugiarse tras las batidas del las tropas de José Bonaparte por la cuenca del Ebro.

Esta es la lista riojana, con fecha 18 de diciembre 1809: Ignacio Marrón (Tricio), Francisco Campuzano (Cuzcurrita), Martín Fernández de Navarrete (Navarrete), Marcelino Lizana (Arnedo), Severino Pérez Muro (Autol), Esteban Tosantos (Briñas), Cayetano Luzuriaga (Calahorra), Francisco Salazar (Herramélluri), Santiago Barrio (Logroño), Leoncio Fernández de Luco (Logroño), Josef A. Colmenares (Cervera del Río Alhama), M. Manso de Zúñiga (Santo Domingo de la Calzada), Josef Orive (Logroño), M. Martínez. del Campo (San Asensio), Cristóbal Díez Soto (Badarán), Ildefonso Ceballos (Santo Domingo de la Calzada), Simón Pérez Aguirre (Tudelilla), Josef B. García Miranda (Préjano), Benito Sáenz Navarrete (Ábalos), Josef T. de la Calleja (Santo Domingo de la Calzada), Josef La Prada (Ollauri), Anselmo M. Morentin (Haro), Manuel Paternina (Ollauri), Pedro R. Aguiriano (San Asensio), Serafín Balmaseda (Ribafrecha), Andrés Bujanda (Cenicero), Saturio Cantabrana (Soto en Cameros), Félix Manso (Torrecilla en Cameros), Manuel Cereceda (Yanguas), Bernabé Romero (Soto en Cameros), Manuel Pisón (Santo Domingo de la Calzada), Francisco A. Salazar (Baños de Río Tobía), Pío Ponce de León (Logroño), Josef Aguirre (Miranda), Agustín Tosantos (Briñas), Fernando. Ruiz de Borricón (Casalarreina), Jose Mª Lasúen (Logroño), Alexo Pérez de Eulate (Miranda), Vicente Eulate (Fuenmayor) y Andrés Bonifaz (Fuenmayor).

La lista, sin embargo, no sirvió para que ninguno de los riojanos fuera elegido diputado en las Cortes gaditanas, aunque muchos de ellos protagonizarían importantes carreras políticas y empresariales con posterioridad.