Justifica el Gobierno de La Rioja su decisión de suprimir la gratuidad en los recorridos de ida y vuelta del tramo riojano de la AP-68 sobre el argumento de que supone «un gasto corriente, improductivo que no genera empleo ni actividad». O sea que desde hace casi una década el gabinete regional ha pagado a la concesionaria de la autopista –con dinero que sale del maltrecho bolsillo del contribuyente– nada menos que 21 millones de euros de «un gasto corriente, improductivo que no genera empleo ni actividad». Curioso, por no decir indignante.

Como «curiosa» fue también la resolución que el Ejecutivo de José María Aznar tomó en el año 2000 –con el Partido Popular también en el palacete de Vara de Rey–, prolongando la concesión de la AP-68 durante 15 años más de lo previsto a la empresa Autopista Vasco-Aragonesa. Aquella «gracia» alargó el peaje obligatorio entre Zaragoza y Bilbao hasta el 10 de noviembre del 2026, cuando el tramo debería de haber sido ya «gratis total» desde el 1 de enero del 2011.

¿Y qué me dicen de la «curiosa» promesa de José Luis Rodríguez Zapatero –lanzada el 14 de mayo del 2007 y muy similar a la que ya efectuó el 16 de mayo del 2003, cuando aún no era presidente–, sobre la liberación del tramo Agoncillo-Cenicero de la AP-68 a partir del 1 de septiembre de aquel mismo 2007? La promesa jamás se cumplió.

Resumiendo, que ese «gasto corriente, improductivo que no genera empleo ni actividad» redundará en un descenso del uso de la autopista por parte de miles de riojanos que no pueden pagarla, multiplicará el volumen de tráfico –sobre todo el tráfico pesado– en la N-232 y elevará «curiosamente» el número de accidentes y de víctimas.  Al tiempo.