No parece mal título para una película de suspense político de espionaje. Pero al referirse a chantaje, el Diccionario de la RAE apunta directamente –igual que Bárcenas a Rajoy– al término extorsión: «1. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho. 2. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido».

Al tiempo que el extesorero del PP –antes persona de trayectoria intachable y ahora vulgar delincuente– tiraba de la manta ante el juez Ruz, el presidente del Gobierno pontificaba, solemne, que «el Estado de derecho no se somete a chantaje». Ante tan rotundo argumento, bueno sería despejar al menos dos dudas.

La primera se cae por su propio peso. Supongamos que un taimado malhechor pretendiera coaccionar al Gobierno soberano: ¿cómo podría hacerlo si tanto el Gabinete como el partido que lo sustenta mantienen una trayectoria intachable? Sería imposible, claro. Otro gallo cantara si el presidente del Ejecutivo y, al tiempo, líder del PP, ocultara algún chanchullo inconfesable, como una trama de financiación ilegal o –¡válgame Dios!– el cobro de sobresueldos en dinero negro.

La segunda duda radica en el particular concepto que el señor Rajoy posee del Estado de derecho, que parece confundir con su propia persona. Nadie puede chantajear al tan traído y llevado Estado de derecho, puesto que este sistema se administra bajo leyes e instituciones amparadas por mandato de la Constitución y de la división de poderes… a no ser que quien ostente alguno de estos poderes pueda ser sujeto de chantaje o, dicho en román paladino, tenga algo –o mucho– que ocultar.

Pero éste no es el caso, ¿verdad don Mariano?