Hace 200 años, el 1 de julio de 1814, Fernando VII recuperó el trono tras la Guerra de la Independencia. Conocido como ‘El Deseado’ por el pueblo que se había dejado el alma en la lucha contra el francés, el más tarde motejado ‘rey felón’ se convirtió en el monarca más nefasto de la historia de España. No sólo derogó la Constitución de Cádiz y fusiló y expulsó a los más granado de la intelectualidad de la época; también desencadenó la primera guerra civil de la Edad Contemporánea –de cuyos polvos todavía sufrimos estos lodos– y, para más inri, restauró la Inquisición.

Sabido es que el Santo Oficio tuvo en Logroño una de sus sedes más poderosas y sanguinarias –no hay más que recordar el Auto de fe de 1610 contra las brujas de Zugarramurdi–, tribunal que fue abolido por José I Bonaparte, alias Pepe Botellas. Fue por aquel entonces cuando el monumental edificio de la Inquisición, situado junto convento de Valbuena, fue «quemado y demolido, y su piedra la utilizó el enemigo para sus fortificaciones», según explicaba en un escrito el inquisidor Fernando Antonio de Sisniega, quien el 3 de septiembre de 1814 reclamaba que le fueran devueltos el hierro y otros efectos de castigo y tortura del Santo Oficio.

La lucha de dos riojanos ilustres contra la Inquisición, en el primer tercio del siglo XIX, fue clave para que la regente María Cristina –madre de Isabel II– la aboliera definitivamente en 1834. Se trató del político de San Román Manuel García Herreros y Saénz de Tejada, y del clérigo de Rincón de Soto Juan Antonio Llorente, autor de la ‘Historia crítica de la Inquisición española’.

Y, mientras, Logroño sigue desperdiciando la Casa del Inquisidor, en cuyo interior podría exponer historias como ésta y cien más que, a buen seguro, tendrían su tirón turístico y cultural.