Hace 130 años, la Real Academia Española de la Lengua incluyó el término ‘cacique’ en su Diccionario, que tiene su raíz en  una palabra homónima que denominaba a los jefes de algunas tribus amerindias. En la metrópoli española, cacique sirvió para definir la «intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia», figura política que se consolidó durante la Restauración borbónica. El camerano Sagasta –cuya figura se analiza todos los veranos en su Torrecilla natal– se convirtió en paradigma del caciquismo. Sin embargo, hay que decir en su descargo que el clientelismo sagastino se enfrentaba nada menos que a una oligarquía medieval que, directamente, gozaba de derecho de pernada.

En pleno siglo XXI, olvidado el sistema feudal –aunque no en todas las cabezas–, la figura del cacique no tendría mucho sentido. Si bien en el pasado las grandes fortunas, casi por mandato divino, controlaban a su antojo vidas y haciendas, se supone que hoy en día la clase política sólo busca el bienestar del común o, como diría Aznar, «el interés general».

Ningún concejal, alcalde o diputado –según declaman ante las Sagradas Escrituras cuando juran (o prometen) el cargo– llega a la res publica para enriquecerse, medrar o defender sus intereses particulares; muy al contrario, aseguran ingresar en política como vocación de servicio ciudadano.

Quizá por ello no se entienden ciertos modos caciquiles que esgrimen demasiados cargos electos, pues el tamiz de las urnas nunca puede tomarse como patente de corso. Por si no les queda claro, los políticos no son dueños de nada, sino simples gestores de los dineros que manejan; ni financian estaciones ni autovías ni invitan al lunch por las fiestas patronales ni siquiera a un Cacique con Coca Cola a sus correligionarios.