Casos cerrados… o casi. La Consejería de Educación Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja acaba de zanjar el incidente de las alubias con gorgojos en el CEIP Nuestra Señora del Sagrario de Navarrete con una sanción irrisoria. La multa de 6.400 euros impuesta a Serunión suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la Junta de Castilla y León, pocos días antes, ya castigó a la misma empresa con el pago de 134.601 euros por un caso similar en seis colegios de aquella comunidad autónoma. Desde luego, si comparamos una cifra con la otra, convendremos en que la proporcionalidad brilla por su ausencia.

Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño ha señalado para los días 26 de febrero y 5 y 6 de marzo la celebración del juicio por el lamentable asunto de la Casa Cuna, en el que la directora y dos profesoras de esta guardería municipal se enfrentan a tres años de prisión por, según la acusación de la Fiscalía, utilizar «métodos impropios». Un total de 42 testigos declararán durante la vista oral, que se prevé jugosa y esperemos que esclarecedora, entre los que se encuentran empleados de la Casa Cuna, de la firma Eulen -que gestiona el centro en régimen de concesión municipal-, inspectores de la Consejería de Educación, Policía y, cómo no, padres de los niños.

Tras el proceso, será la Justicia quien dicte sentencia, pero me parece muy llamativo que el Ayuntamiento capitalino se haya lavado las manos, como si nada fuera con él, cuando es propietario y responsable primero de lo que allí ocurre. No cabe duda alguna sobre la inocencia de la Concejalía de Familia en este escándalo, sin embargo existe un concepto que los altos cargos deben asumir y parecen olvidar: la responsabilidad política y moral.

En los dos casos, estamos hablando de nuestros hijos, nuestro tesoro más preciado, y cuya voz casi nunca se tiene en cuenta fuera del ámbito familiar.