La ética, la vergüenza torera, el sentido del honor, de la dignidad… son cuestiones que escasean en ocasiones en determinados individuos e individuas de la especie humana, por lo tanto ante la falta manifiesta de ética de algunos representantes públicos, habrá que regular normativamente esta cuestión para evitar que sucedan casos tan vergonzantes como el que está protagonizando Juan Enciso, alcalde de la localidad almeriense de El Ejido. Este personaje ya se hizo famoso cuando siendo alcalde del PP, protagonizó los sucesos racistas de 2001 en “El Ejido”. El autor de la frase-“a las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos; a las ocho de la tarde sobran todos”, (ya fuera del PP desde el 2003) tras pasar ocho meses en la cárcel acusado de cohecho, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental, así como la malversación de 150 millones de euros, acaba de salir a la calle previo pago de 300.000 euros de fianza y, con sus santos cojones, volverá hoy mismo a su despacho de alcalde al frente de la localidad andaluza. A la salida de la cárcel sus concejales –miembros del PAL fundado por el propio alcalde- jalearon y vitorearon al alcalde sin vergüenza, que como si nada seguirá al frente del consistorio.

“Según la investigación, Elsur (empresa participada por el propio Ayuntamiento) subcontrataba obras a socios de Enciso, entre ellos el propio ex director de explotaciones de la compañía, José Amate. Las facturas que presentaban estos socios iban infladas hasta lo grotesco. Uno de los ejemplos más conocidos es la reparación, por 2.100 euros, de una simple baldosa de la Plaza Mayor. O los 3.000 euros que costó cambiar una bombilla. Supuestamente, la plusvalía por las facturas falsas de Elsur, empresa que suponía el 40% del presupuesto ejidense, acababa en los bolsillos de los principales imputados. La deuda de El Ejido, municipio con los impuestos más altos de la provincia, es de 222 millones de euros y en marzo tuvo que pedir un préstamo de 103 millones.

Enciso está imputado por tráfico de influencias, blanqueo, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental. En la puerta de la prisión le esperaban unas 40 personas, entre ellas el alcalde en funciones, Ignacio Berenguel, también imputado, y el secretario general del PAL, José Añez. Además de la fianza, la juez instructora del caso Poniente, Montserrat Peña, le ha prohibido salir de España y le ordena presentarse cada semana en el juzgado.”

Algunos dirán que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cierto. Pero no es menos cierto que no pueden consentirse espectáculos tan lamentables como este, en el que alcaldes imputados por delitos tan graves -para un representante público-, puedan reírse de la democracia y la más mínima ética perpetuándose en el sillón de una forma repugnante. Algo habrá que hacer. Un alcalde no puede estar implicado en delitos de prevaricación, cohecho o malversación y seguir en su puesto.