En unos momentos en los que tanto se cuestiona la justicia, un caso paradigmático, (escandaloso y deplorable), aterriza en la Audiencia Provincial de La Rioja en forma de recurso de apelación. Se trata de un escándalo en toda regla, en el que son muchos (abogados y juristas) los que aprecian connotaciones de presuntas corrupción, tráfico de influencias, prevaricación  y connivencia -o dejación- en los estamentos participantes.
Para entender este caso hay que remontarse a octubre de 2007, fecha en la que una empresa constructora, arrasa por completo el bosque natural protegido denominado “Soto del Parque del Cidacos” en Calahorra. Dicho “soto”, tenía 45.000 metros cuadrados de superficie, de los que 28.000 estaban cubiertos por arbolado maduro de ribera. Pese a que el bosque se encontraba protegido por el planeamiento urbanístico y estaba especial y explícitamente obligada su conservación, el mismo fue completamente aniquilado.

Lejos de cumplir la ley, el Ayuntamiento de Calahorra no quiso imponer una sanción económica a la empresa constructora que lo arrasó (de hasta 300.000 Euros según marca la LOTUR), pese a que desde los servicios  de urbanismo, Ong,s y partidos políticos así lo habían propuesto. Fue por tanto una presunta decisión consciente y arbitraria (contraria a la Ley) del alcalde de Calahorra.
La Ley (LOTUR) , en este caso, no deja lugar a la más mínima duda. Ante una infracción SIEMPRE hay que imponer una sanción económica, una indemnización por lo destruido y una restitución del bien dañado. Las tres cosas al mismo tiempo. Pero el Ayuntamiento decidió no imponer sanción económica ni reclamar indemnización alguna por lo destruido, en lo que a todas luces es un ejemplo palmario de una presunta prevaricación administrativa. Un trato condescendiente con  esa  empresa.
Así lo consideró la asociación “Ecologistas en Acción de La Rioja”, quienes en 2009 (tras dos años de solicitar  sin éxito al Ayuntamiento la imposición de una sanción)  presentaron un informe sobre lo sucedido ante la Fiscalía General de La Rioja. La fiscalía entendió que existían indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente por parte de la constructora y, otro posible de prevaricación administrativa cometido por el Ayuntamiento de Calahorra. Por ello, la propia fiscalía trasladó denuncia ante el juzgado nº 3 de Calahorra. La misma empresa constructora instaló sin autorización ni tramitación medioambiental una planta fija de producción de hormigón, totalmente ilegal, que tampoco fue sancionada conforme a la ley por el Ayuntamiento.
Una vez en los juzgados y,  admitida la denuncia a trámite – por las tres cuestiones- se abren diligencias previas, pero la titular de juzgado que instruye el caso  se traslada de juzgado y en su puesto colocan a una nueva magistrada, que retoma el caso con una desgana y una falta de eficacia (según opina la ONG denunciante) que provoca incluso la presentación formal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja de una queja contra la misma, por parte de Ecologistas en Acción. Esta nueva magistrada , titular del juzgado nº 3 de Calahorra, dilata durante meses los pasos de las diligencias previas y se niega a aceptar las declaraciones de testigos fundamentales – pedidas por la acusación- de gran importancia en el caso, como la del presidente de la Asociación Española de Fabricantes Hormigón, la del Agente del Gobierno de La Rioja que paralizó las máquinas, la de la funcionaria municipal que valoró lo destruido o la del propio alcalde de Calahorra que fue quién presuntamente decidió no imponer sanción económica alguna a la empresa responsable.

Según parece no le interesaban estos testimonios fundamentales a la magistrada ni los necesitaba para esclarecer el caso. Sin recabar más información dictó el archivo provisional de las diligencias, dando por cerrado un caso escandaloso, en el cual – en la práctica- se crea jurisprudencia para que cualquier empresa se cargue un bosque protegido -de forma ilegal- sin pagar ni una peseta por ello, así como derecho de pernada para que un alcalde decida en función de su particular criterio si hace o no hace cumplir la ley…Si impone o no impone las sanciones correspondientes en función de su capricho.
Y después del camino recorrido, de que el soto está desaparecido, y los responsables no han pagado ni una peseta de sanción, este caso escandaloso pasa ahora a manos de la Audiencia Provincial de La Rioja en forma de recurso de apelación presentado por Ecologistas en Acción contra el archivo de la investigación. Un recurso que busca que la Audiencia Provincial, sea capaz de obligar al juzgado de instrucción de Calahorra a retomar las diligencias, seguir con la investigación  y llamar a declarar al resto de testigos fundamentales que proponía la acusación, ante todo al alcalde para que explique el porqué impone multas a otras empresas y no a esta en particular.
                            Es en sí mismo  todo un escándalo que una ONG tenga que recorrerse los juzgados para conseguir algo tan sencillo como que la ley se cumpla. Una vergüenza que la destrucción de un Soto protegido de 45.000 metros cuadrados  les salga gratis a quienes lo destruyeron . Un dislate que un alcalde  decida a su capricho si poner o no poner una multa económica y, tremendamente sorprendente que la Fiscalía de la Rioja  se eche para atrás (sin argumento alguno),  pese a ser ella la que impulsó la denuncia.
Según afirman desde la propia ONG, la filiación política del senador y alcalde de Calahorra , unida a las pocas ganas del juzgado nº 3, han dado como lamentable resultado una manifiesta falta de justicia. Una falta de justicia que según ha manifestado la propia asociación , se va a denunciar hasta el último recurso posible por vía penal y administrativa, no descartando acudir al Tribunal Constitucional si la Audiencia Provincial no acepta el recurso de apelación.
Despues de todo, solamente queda una esperanza razonable y,  recae directamente sobre la deseable imparcialidad de la Audiencia Provincial.

Esperemos que este órgano sea capaz de explicar porqué a un ciudadano que aparca mal el coche se le ponen 100 Euros de multa y a la empresa que destruyó un bosque protegido de 4,5 hectáreas ni un solo euro de sanción…De argumentar.
En unos días saldremos de dudas.

ASÍ ERA EL SOTO PROTEGIDO:

ASI QUEDÓ EL SOTO TRAS SU DESTRUCCION ILEGAL: