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Fukushima no ha dicho la última palabra.

El mes pasado asistí a la reunión del Foro de Energía de la Universidad de Alcalá de Henares, que se celebraba en el Parlamento de Cataluña. Lo que en principio parecía un lugar de discusión sobre el pasado presente y futuro de las energías renovables se convirtió en la nítida expresión de las pretensiones del sector eléctrico español. Un sector extremadamente crítico con la energía renovable. El mayor reproche iba destinado a la prima económica con la que se habían fomentado dichas energías, aunque daba la impresión de que lo que más molesta al sector eléctrico no es el importe de las primas, sino que las mismas las perciben beneficiarios ajenos al sector.
El entramado empresarial eléctrico tiene las cosas bastante claras. En sus planteamientos no entra el ahorro ni la eficiencia. Ni una palabra sobre eso. Por el contrario no solo se niegan a abandonar la idea de recuperar la escalada nuclear , apuestan decididamente por ella y de no ser por el accidente nuclear de Fukushima
ya habrían conseguido demoler la moratoria nuclear que instauró en 1986 el Gobierno de Felipe González.
Las consecuencias de dicho accidente nuclear no son – a día de hoy- suficiente argumento para aquellos que solamente buscan el dinero en la producción eléctrica. Pero Fukushima no ha dicho la última palabra.
Llegan noticias desde Japón que no son esperanzadoras ni mucho menos. Por más que se quiera ocultar, la bomba de relojería sigue en marcha y amenaza con explotar. Dentro del reactor dañado esperan un total de almenos 1500 barras de combustible de uranio usado. Varios científicos afirman que dicho material, -en caso de ser liberado a la atmósfera- supondría la destrucción de Japón y una contaminación tan importante que dejaría inhabitable una buena parte del planeta. El módulo que alberga semejante carga radiactiva se está hundiendo poco a poco desde el terremoto y, no se garantiza la sostenibilidad del mismo ante cualquier mínimo temblor.
Consecuencia española de lo sucedido en Fukushima , será el cierre de Santa María de Garoña , ya que ni ENDESA ni IBERDROLA están dispuestas a gastarse los 140 millones de euros (que les impone Nuclenor para prorrogar hasta 2.019)  que son necesarios para prevenir que no suceda un accidente en la misma.
Es triste pensar que lo único que importa a estas grandes empresas es ganar dinero, cuanto más mejor, sin repararse ni a pensar en las posibilidades reales de que lo sucedido en Japón pueda tener su reflejo en España, ni la entidad de sus consecuencias para la vida en el planeta.

Por la libertad de expresión.

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