Si bien es cierto que el plazo para poder solicitar la prórroga de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, expiró el pasado 6 de septiembre, la verdad es que algunos quieren hacer valer la doctrina de que las leyes, las normas y los plazos están para violarlos.
Nos encontramos a mes y medio de que las empresas explotadoras de la central (Iberdrola y Endesa) decidieran libremente rechazar la prorroga de seis años que el Gobierno de Mariano Rajoy les había puesto sobre la mesa. El motivo del rechazo era su negativa a invertir 140 millones de euros en reforzar la seguridad de la central, tal y como había exigido Nuclenor (organismo que controla la actividad nuclear en España).
Estimaron que difícilmente iban a rentabilizar esa inversión, por lo que lo más sensato –económicamente hablando- es cerrar en 2013, a no ser que se les permitiera seguir explotando la central sin invertir esos dineros en seguridad.
Entre los que verían con buenos ojos una rebaja en las exigencias de Nuclenor, estaría presuntamente la empresa explotadora y, sin presunción alguna la propia Junta de Castilla León, que ha manifestado en varias ocasiones su disposición a que Garoña siga más allá del 2013, aunque se relajen los requisitos que exige Nuclenor. Por otra parte los trabajadores y algunos alcaldes de la zona están abiertamente a favor de que la prórroga se solicite y conceda, con independencia de si se realizan obras de mejora en la seguridad.
Hoy mismo, el Consejero de Economía de la Junta de castilla y León – Sr. Villanueva- mantiene una reunión con el Secretario de Estado de la Energía para debatir sobre el tema “Garoña”. Da la sensación de que en este asunto lo que menos importa es el debate tecnológico, energético o sobre la seguridad. El asunto gira en exclusiva en el ámbito los intereses políticos del Partido Popular y en los económicos de las empresas, quedando en tercer plano la seguridad de cientos de miles de personas. Es por tanto un debate pervertido y vacuo, en el que se antepone el beneficio económico y el rédito político.
Garoña supone el 1% de la energía eléctrica que se produce en España, por ello su cierre es perfectamente asimilable por el sistema y no causará perturbación alguna en la confección del “mix eléctrico”. Ha finalizado su periodo previsto de explotación e incluso lo rebasará en dos años más de los pensados en su inauguración.
El cierre es ya algo irreversible y, tan solo hace falta que se enteren de una vez por todas y comiencen a diseñar -y poner en marcha- un plan de desmantelamiento y otro de dinamización laboral en la zona.