Después de 25 años dentro tengo cierto conocimiento para hablar del funcionariado . Un colectivo de trabajadores que en una porción importante del mismo, demuestra tener unas tragaderas que ni las ranas gigantes del Amazonas.

                         Después de la rebaja de sueldo acometida por Zapatero en 2010 (que critiqué sin tapujos en su momento)  muchos funcionarios pensaron que sería el Partido Popular más sensible a su proverbial inmovilismo; lo votaron con fuerza y con resentimiento hacia quien les había recortado el sueldo. Un recorte, dicho sea de paso, que fue proporcionado al nivel adquisitivo de cada funcionario, con una media del 5%, pero que no afectó a los funcionarios de sueldos más modestos. Fue un recorte ponderado.

                          Llegó Mariano Rajoy  al Gobierno (el amigo de los funcionarios) y desde que tomó posesión de su cargo no ha hecho otra cosa que insultarnos y robarnos. Él, sus ministros y cada uno de los representantes del Partido Popular en el Gobierno de España y gobiernos autónomos han emprendido una voraz campaña de acoso, derribo y difamación contra la Función Pública y quienes hacen posibles los servicios sociales que esta presta a la ciudadanía; intentado con todas sus fuerzas poner a la opinión pública contra estos trabajadores y etiquetarlos como insolidarios privilegiados. 

Han insultado indiscriminadamente a todos, pero especialmente a los funcionarios de la educación y de la sanidad,  acusándolos de poco trabajadores , de politizar y de cobrar sueldos inmerecidos. Han despedido a varios cientos de miles de funcionarios interinos y personal fijo de las administraciones, consiguiendo la merma y depauperación de servicios esenciales. Los han machacado a impuestos (igual que al resto de los españolitos) retirado becas y ayudas sociales…Robado el salario al tiempo que aumentaban  la jornada laboral y les eliminaban  días de vacaciones.

En menos de dos años, el gobierno del Partido Popular ha perpetrado un destrozo en la Función Pública desconocido en 100 años. Un ataque a los servicios públicos que supone la destrucción de buena parte del Estado Social y que a nivel laboral se ha sustanciado en despidos, aumento de un 7 % de la jornada, descenso de un 7% del salario, aumento de un 3% en el IVA normal  y hasta un 17% en muchos casos en el reducido,  más  una nueva congelación salarial que se anunciaba ayer.

Un robo que va directamente destinado a surtir de efectivo a los grupos de poder de la derecha económica, a los que el Gobierno del PP no solamente condona sus deudas y sufraga sus errores, sino que les llena la caja para que sigan medrando con el dinero de todos.

Esa es la situación que el colectivo funcionarial ha de soportar en estos tiempos de zozobra y, frente a la misma hay dos conductas bien diferenciadas; los que luchan contra estas políticas de desamortización y desprestigio de la Función Pública y quienes siguen embutidos en su proverbial sometimiento y resignados a que el Partido Popular les siga sodomizando.