Se supone que hoy mismo el Tribunal Constitucional se pronunciará (hará público su dictamen) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular de Rajoy contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Lo mismo da ya -a estas alturas- si la ley que da los mismos derechos a las personas homosexuales, impulsada por el PSOE de Zapatero es o no es constitucional. Lo que está claro es que resulta ética y moralmente perfecta, para eliminar la discriminación entre las personas, motivo por el que poco debe preocupar lo que diga el Constitucional sobre este particular.

Termina aquí una historia de despropósitos, impulsada por el PP y por su líder, que en septiembre de 2005 ofrendaba la carnaza que los “hóligans” de su partido le reclamaban, presentando un infame recurso contra los homosexuales y su derecho a ser iguales al resto de los ciudadanos. Una historia que deja a cada cual en su justo lugar.
Por un lado queda manifiestamente clara la condicionalidad, inoperancia y perversión de un tribunal, que para dictaminar algo tan sencillo precisa de siete interminables años. Condicionado por sus luchas de poder. Inoperante porque la justicia si no es breve no es justicia y sobretodo tremendamente perverso, porque hay en España 60.000 ciudadanos homosexuales que se han unido en matrimonio y cuya seguridad jurídica, afectiva y familiar está en entredicho desde hace siete largos años gracias a la actitud homófona del Partido Popular y a la injustificable demora de un tribunal instalado en la desidia.

Es el Constitucional un tribunal que solo afecta y compete sobre asuntos relacionados con la constitucionalidad de leyes y fallos, pese a lo cual necesita de siete años para fallar una postura colegiada. Es mucho mejor que se marchen todos a su casa. Este tipo de “justicia” es la que tira por tierra la enorme labor de miles de magistrados profesionales y entregados, que han de cargar sobre sus espaldas con el lamentable ejemplo que los altos tribunales ofrecen cada vez que tienen oportunidad.
En vez de analizar durante siete años si es o deja de ser constitucional permitir que dos homosexuales se unan en matrimonio, -si es constitucional o no discriminar a los españoles según sean sus preferencias sexuales-, más les valdría analizar su propio papel y, como con este tipo de demoras injustificables, aderezadas con sentencias infumables (como la del Estatut de Cataluña) ponen en riesgo el prestigio de la Justicia, la igualdad y la convivencia en España.