Un tema profusamente recogido  por los medios de comunicación -desde octubre de 2007-, ha sido la destrucción de un bosque ribereño protegido (de 45.000 metros cuadrados de superficie) por las obras acometidas por la empresa Lázaro Conextrán en la urbanización de un sector  en la ciudad de Calahorra (La Rioja).
En lo que muchos han dado en calificar de “clara connivencia” del alcalde ( y senador del Partido Popular),  Javier Pagola no quiso abrir un expediente sancionador a los responsables cuando sucedieron los hechos (hace ya cinco años) . Pese a que toda la oposición lo pidió en pleno,  se negó a iniciar un expediente sancionador y a sancionar económicamente  a Lázaro Conextrán por una infracción que la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja califica nítidamente como “muy grave” y que implica la imposición de una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros al responsable. Ante la presión mediática, política y social (de una plataforma ciudadana  “Salvemos el Parque”  y de la asociación ” Ecologistas en Acción”), se limitó a instar a la empresa a la realización de una plantación de arbolitos a varios kilómetros de distancia (a modo de sanción ambiental – figura inexistente que se inventaron-)  y de expediente sancionador, nada de nada.
Una asociación Ecologista local, “Ecologistas en Acción de la Rioja”, ha venido insistiendo en que dicha inacción era inadmisible y con su abogado a la cabeza,  comenzarón una batalla legal para conseguir que los responsables de la destrucción ilegal del Soto del Cidacos pagaran por su tropelía…Para que no quedara impune, como pretendían desde el Ayuntamiento.
En un largo periplo por los juzgados, defensoría del pueblo, Consejería de Obras Públicas, etc., Ecologistas en Acción de la Rioja ha seguido uno a uno todos los pasos que llevan a que el responsable pague. Y los hechos (y la responsabilidad de sus autores) no han prescrito ni mucho menos, ya que al pasar varios años en un proceso penal, la prescripción queda automáticamente paralizada mientras se desarrolla ese proceso penal.
El último de esos pasos ha sido seguir fielmente la instrucción derivada de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja (organismo competente en disciplina urbanística) , y solicitar por registro de entrada (22-octubre-2012) al propio alcalde la apertura de un expediente sancionador por la destrucción del soto y por la instalación ilegal de una planta hormigonera.
No le ha quedado otro remedio al alcalde y senador Pagola, que ordenar con fecha (30-octubre-2012) la apertura de un expediente sancionador contra la empresa constructora, contra la Junta de Compensación y contra el director técnico de las mismas por la roturación y destrucción del soto, como consecuencia de las obras de urbanización del sector Cidacos . Así como otro expediente sancionador -contra la misma empresa- por la instalación ilegal de una planta de producción de hormigón en la zona.
Es un dato a analizar, que para que este alcalde cumpla sus funciones -y haga cumplir las leyes-, hayan sido necesarios cinco años, varias denuncias y un proceso judicial.

Pero que nadie se llame a engaño, con independencia de que los expedientes se hayan abierto por fin, la realidad es que la voluntad política va a seguir siendo la misma.  Según recoge la Agencia Europa Press, -el día 5 de Diciembre de 2012. el senador Pagola realiza la sorprendente declaración que pego literal:

“Pagola ha puntualizado que “lo que se hace ahora es abrir los expedientes para revisar los hechos y las responsabilidades” pero ha venido ha decir  (la”h” no es mía)  que eso no significa que la empresa vaya a ser finalmente sancionada.

   Esta última declaración podría responder al hecho de que los hechos sancionables habrían prescrito a los tres años según el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo y a los cuatro años según el artículo 219 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.”

Sorprendente porque el propio alcalde, (lejos de trabajar para que paguen la multa y se restaure la legalidad) se muestra fiel a su trayectoria de complacencia y favor hacia los responsables, y les indica un camino para “irse de rositas”…. Pero los hechos no han prescrito, ya que el plazo de prescripción no computó mientras el caso estuvo en el juzgado (más de 2 años), y eso es algo que cualquier abogado/a conocería, por muy afiliado al PP que pueda ser.

Así que queda demostrado, que desde el Ayuntamiento de Calahorra algunos/as  seguirán intentando que nadie pague un solo euro por la destrucción ilegal del Soto, tal y como llevan cinco años haciendo. Por lo que habrá que estar atentos y, si finalmente la instrucción  de los expedientes sancionadores termina en que nadie paga, ( por una defectuosa, partidista o prevaricadora tramitación)   será el momento de poner el foco no solamente sobre los políticos, también sobre sus necesarios colaboradores.