Es lo malo de las declaraciones, que son solo eso: declaraciones… por mucho que se les añada un adjetivo de la oficialidad de institucional. Y es que si hasta la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU se queda en papel mojado, ¿qué se puede esperar de una declaración aprobada por los concejales de un ayuntamiento? El Pleno de Logroño ratificaba recientemente una declaración institucional dirigida a impulsar una serie de medidas que «alivien la dura situación por la que atraviesan las familias afectadas por la crisis de las hipotecas». Dicho de otra manera, para apoyar a todo logroñés afectado por un proceso de desahucio. Un primer paso promovido activamente desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja (PAH), quien ve así satisfechas en parte algunas de sus muchas reivindicaciones.

Sin embargo, más allá del gesto que supone toda declaración institucional, su importancia radica en el correspondiente compromiso que conlleva por parte de los representantes políticos, y es precisamente ahí donde se corre el riesgo de recibir un jarro de agua (fría o no). A la espera de que no sea éste el caso, conviene recordar que ya existen precedentes en los que lo aprobado, lamentablemente, quedó empapado. Aún recuerdo como durante la pasada legislatura se aprobó una relativa a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, ‘desmemoriada’ declaración más de un año después ante la ‘desmemoria’ general de la ciudadanía. La solución, pues, parece clara: la PAH deberá permanecer vigilante y presionar para que la declaración no cuelgue de la galería de los ‘de cara a’ y la misma no se quede solo en eso, es decir, en una declaración más…