El Ayuntamiento de Logroño cerró el 2012 con 1,73 millones de euros pendientes de cobro en concepto de multas por infracciones a la ordenanza de circulación, un 56,11% de los 3,09 millones que supone la suma de todas las sanciones impuestas en las calles de la capital de La Rioja durante el pasado año.

Así se desprende de la liquidación presupuestaria del 2012, donde se refleja cómo los 3,15 millones de euros presupuestados finalmente se quedaron en 3,09 millones –sanciones efectivas durante el ejercicio– que, a la hora de ingresar, descendieron hasta los 1,35 millones, apenas un 43,99% de la totalidad a recaudar.

Desde la Concejalía de Hacienda y Administración Pública se insiste en que los porcentajes de recaudación vienen siendo similares año tras año, entre el 40 y el 50% tal y como se confirma en liquidaciones anteriores, debido al importante volumen de recursos y reclamaciones en materia de tráfico.

Sin embargo, al menos desde el 2010 –ejercicio más ‘antiguo’ colgado en la web municipal y a disposición de cualquier ciudadano–, la Intervención General viene advirtiendo de la incidencia que tiene sobre las multas «el hecho de no hacer contado, desde la entrada en vigor de la nueva legislación vial, con un programa informático bien realizado y planteado». Un problema que, según la Administración local, ya está solucionado.

¿Qué pasa con las multas de tráfico? Pues eso... / L. R.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial supuso en la práctica abreviar la tramitación de las sanciones y bonificar el pronto pago de las multas con un descuento del 50%. Dicho de otro modo, facilitarle las cosas a aquellos que cometieron una infracción y que, reconociéndola, quieren saldarla cuanto antes olvidándose de recursos y reclamaciones, tan habituales en lo que a multas de tráfico se refiere y que, finalmente, acaban perdiéndose.

El equipo de Gobierno municipal explica que quienes no se acogen a tal bonificación –que pese a todo superan a los que sí, según reflejan las propias estadísticas municipales– bien recurren, bien pasan a la vía de recaudación ejecutiva o vía de apremio. De ahí tan importantes cantidades pendientes de cobro…

La explicación del interventor general del Ayuntamiento, no obstante, ahonda en la falta de un programa informático adecuado. «Este hecho ha retrasado y complicado la cantidad y calidad de lo puesto al cobro, incrementando el volumen de anulaciones, de prescripción de sanciones y de conflictividad añadida en los documentos cobratorios que repercute en la gestión recaudatoria», dice textualmente.

Lejos de quedarse ahí, desvela que existe un importante número de anulaciones pendientes de tramitar y regularizar, lo que sin duda incidirá sobre los saldos de dudoso cobro. Ni Gobierno –con el problema desde junio del 2011 y que ya dan por resuelto desde el pasado ejercicio– ni oposición –que reconoce su falta de previsión no ya en el 2010 sino antes, así como su imposibilidad de dar una solución al mismo a tiempo– son capaces de facilitar a qué número de anulaciones y prescripciones podría estar refiriéndose el informe de la Intervención en las sucesivas liquidaciones.