Hablábamos en el platito de ensalada a la riojana anterior del ‘tarifazo’ del bus y vamos a hacerlo ahora del ‘tarifazo’ de sus señorías. José Ignacio Pérez Sáenz (33.800 euros); José Luis Bermejo (31.000 euros); Remedios Elías (19.700 euros) y Juan Antonio Gómez Trinidad (11.250 euros) se han repartido en su conjunto casi 96.000 euros de las Cortes como ‘finiquito’ tras la prestación de sus servicios como parlamentarios.

La indemnización (un mes del salario base por cada año de ejercicio parlamentario) la publicaron curiosamente las Cámaras Alta y Baja el mismo día de la huelga general ante la reforma laboral, es decir, el pasado 29 de marzo. Cierto es que en el año 2010 se reformó el régimen de retribuciones de sus señorías y desapareció este concepto, que se creó en su día para compensar a los parlamentarios porque no tenían derecho a paro.

Pero resulta cuando menos curioso que sean las Cortes, o sea el dinero público, el responsable de indemnizar el ‘despido’ de diputados y senadores cuando son sus partidos políticos los que deciden prescindir de sus servicios y nombrar otros sustitutivos.

También llama la atención que la compensación supere claramente el máximo de la prestación por desempleo, alrededor de 1.200 euros para el común de de los trabajadores, ya que a los exparlamentarios, el ‘paro’ que se les aplica es de 2.813 euros por mensualidad, que es la asignación básica reconocida  por la constitución, aunque en realidad es sólo una parte de su salario real. Es decir, aquella compensación justificada por su imposibilidad de ir al paro duplica con creces a la que perciben el resto de trabajadores.

Rozaría la demagogia si relacionara estas indemnizaciones con el momento económico que vive el común de los mortales, con una reforma laboral que pone en la calle a cualquier trabajador a precio de saldo, con un país al borde de la intervención, con medidas de seguridad en trámite para evitar las protestas de la gente, con políticos que ahora, en las duras, reniegan de las competencias de educación, sanidad y justicia , así que prefiero hacer otra reflexión.

La gran prioridad de la política en España ha sido garantizar la subsistencia de, en muchos casos, personas útiles para sus fines. Más allá del verdadero servicio ciudadano, los partidos han empleado el dinero recibido de las arcas públicas y los propios cargos ejecutivos para pagar servicios prestados.

Ahí tenemos el caso, aunque son incontables, de la exvicepresidenta del Gobierno riojano, Aránzazu Vallejo, que tras salir por la puerta falsa estuvo apenas unos meses como profesora en una escuela para pasar a un contrato de alta dirección en una sociedad estatal de aguas.

O el del PSOE riojano, que desde que el ‘aparato’ acordó una solución de ‘consenso’ el verano pasado para ’emplear’ al exsecretario general Francisco Martínez Aldama en el Senado, tenía claro para quién iba a destinar sus escasos recursos económicos con las liberaciones, de las que informaremos en breve, pero que, como avance, incluyen a José Ignacio Pérez Sáenz, que, si recordáis, permitió ‘cediendo’ la plaza a Aldama una transición más ordenada hacia el mandato de Luena.

(Pdta): Tampoco es para ponerse como este presentador brasileño, pero…