Analizábamos en el post anterior, la situación en que ha quedado Caja Rioja tras la nacionalización de Bankia y queda por hacer lo mismo con lo que realmente más le preocupa a este cocinero: con una Caja que ya no existe como entidad financiera y que ha pasado a convertirse en una marca comercial de Bankia, ¿cómo quedan los clientes, los trabajadores y los accionistas?

A nadie se le escapa que Bankia, antes y después de la nacionalización, es uno de los gigantes nacionales y que el peso que Caja Rioja tenía dentro del SIP (la fusión de las siete entidades) era muy limitado: en concreto del 1,34%. Con este contexto de partida, Jorge Albájar, director general de Caja Rioja, se esforzó en la rueda de prensa después de la asamblea general celebrada el pasado sábado en intentar ofrecer las máximas garantías para clientes, trabajadores y accionistas. El problema es que, sin negar que al menos en algún caso las haya, no es Caja Rioja quien puede darlas.

1. Clientes: Efectivamente, tras la nacionalización los depósitos de los ahorradores están más seguros que nunca. En palabras de Albájar, los impositores son los más beneficiados del SIP, pero está claro que no están protegidos por Caja Rioja, sino por la inyección estatal de liquidez a toda Bankia.

2. Trabajadores y oficinas: Según el director general de Caja Rioja una red rural tan amplia (más de 100 oficinas) en un valor, y más en los tiempos que corren, por lo que no veía peligro para las oficinas rurales ni para los trabajadores. El problema es que Caja Rioja, una vez fuera del negocio financiero, no puede garantizar nada y, como decíamos al principio, la red de sucursales riojanas, ahora de BFA-Bankia, supone el 1,34% del negocio. Presupongo que Bankia deberá presentar un plan de viabilidad a cambio de la superinyección de liquidez y dudo mucho que no haya ‘sacrificios’ en esa red rural que tiene por toda España. Es decir, que ni la red de oficinas ni los trabajadores están seguros por mucho que Bankia tenga una dirección regional (La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra en Logroño), ya que habrá ajustes en breve, y, probablemente, muy duros, con lo que perderán, por supuestos, los trabajadores, pero también los riojanos, especialmente los mayores, que verán desaparecer las entidades de toda la vida que tenían en sus pueblos.

3. Accionistas: me sorprendió que ni en la asamblea ni en la rueda de prensa hubiera disculpa alguna. Un director de oficina de Caixa Laitana había pedido disculpas en la junta general de Bankia un día antes por lo que todo el mundo sabe que se hizo: recomendar acciones de una entidad que, aun por desconocimiento por parte de aquel director y no dudo de que también de los de las oficinas de Caja Rioja, no tenía la solvencia que se decía. Muchos mayores, y no tan mayores, han invertido en acciones aconsejados por quienes les daban la confianza de muchos años de servicio que se han desplomado en picado comprometiéndose los recursos, o parte de ellos, que tenían guardados para su vejez. Como decía antes, eché en falta las disculpas, frente al discurso de Albájar: “estamos ahora en una buena posición para generar valor y si nuestras acciones han caído, también las de otras entidades”.

En resumidas cuentas, los dirigentes de Caja Rioja intentan ofrecer garantías a sus ex clientes, pero lo cierto es que las garantías, si es que las hay, no las puede prestar Caja Rioja, sino terceros y, por supuesto, sin el compromiso con la región que tuvo la entidad que fue de los riojanos y que ahora no sabemos de quién es.

Todavía se deben unas cuantas explicaciones, y también desde la esfera política que impulsó el SIP, es decir, del Gobierno riojano, que ahora esconde la cabeza, así como del ex presidente de la entidad, Fernando Beltrán, que lo fue durante muchos años en los que prosperó con su despacho de abogados, que acabó vendiendo a una multinacional, y del que nada más se supo.