Esos fueron los motivos, hablando en plata, que en su momento impulsaron la ecociudad. Julio Revuelta, entonces alcalde de Logroño, había decidido poner en el mercado todo el suelo urbanizable de la capital (hasta 50.000 viviendas) y el principal grupo de la patronal de construcción riojana colocó prácticamente todos sus huevos en el sur de la ciudad, a la sombra de aquel proyecto que hoy es papel mojado y que se llamó parque digital.

Arancha Vallejo vicepresidenta del Gobierno y responsable entonces de Urbanismo, se sacó de la manga un proyecto que vistió de ecológico, pero cuyo único objeto era ‘reventar’ el mercado de vivienda al otro lado de la ciudad de donde estaban apostando la mayoría de promotores y el propio ayuntamiento.

Vallejo convocó un concurso de ideas y las empresas ganadoras, LMB y Progea, plantearon la recalificación de suelo rústico en El Corvo para 3.000 viviendas, el 90% de ellas protegidas y con posibilidad de edificar pisos con tres habitaciones (90 metros) a precios mucho más ventajosos para el comprador que los que iba a salir del sur, con únicamente dos habitaciones. Hasta cierto punto, una iniciativa loable si se hubiera hecho pensando en el ciudadano para intentar romper la burbuja inmobiliaria y la espiral de precios que, por el año 2005, seguía en ascenso.

El caso es que no fue ese el argumento, sino la venganza política contra Revuelta y contra los empresarios dominantes de la construcción, que habían pagado su suelo en el sur a cojón de mico frente a los terrenos rústico de El Corvo.

Vallejo, consciente de que su proyecto provocaría el rechazo frontal del Ayuntamiento, vistió el muñeco de ecológico y renovable -con un carísimo proyecto de urbanización sostenible y casi revolucionario, que hoy suena a broma y que simplemente era realizable por el coste del suelo, para  intentar justificar la intromisión urbanística con el argumento de interés regional en la autonomía municipal.

Interés regional que ahora ha negado categoricamente el Supremo, cuyas sentencias confirman que la entonces vicepresidenta actuó por ‘cojones’  y que ponen también en entredicho el criterio de la Justicia riojana que, hasta en diez ocasiones, había avalado la actuación administrativa del Gobierno en el ecociudad.

Vallejo presentó la ecociudad en el Foro Territorios 21

El caso es que, pese a lo que diga el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos -que ayer, como si se hubiera quitado un peso de encima, renunció de inmediato a la ecociudad tras los pronunciamientos del Supremo-, este proyecto nos ha costado una pasta a los riojanos y logroñeses.

Judicialmente, por la batalla legal entre dos administraciones y los constructores, y también promocionalmente porque la ecociudad, al margen de exposiciones, publicaciones y presentaciones nacionales e internacionales, ha sido el motor de foros urbanísticos como Territorios 21 que, inventados por la exvicepresidenta Vallejo, han traído a Logroño a expertos de todo el mundo (pagados a base de talonario) para explicar el acierto de proyectos ecológicos y renovables como el del Corvo.

Sí es cierto, como decía el consejero, que han sido las dos mercantiles, LMB y Progea, las que más han invertido en la ecociudad (“muchísimo dinero”, en palabras del representante de Progea), así que lo que también me temo es que reclamarán explicaciones al Ejecutivo que ahora se da el ‘piro’ a la primera de cambio.

Efectivamente, las empresas trabajaban con un riesgo legal desde el momento que la ecociudad entró en litigio, pero también es cierto es que LMB y Progea se presentaron a un concurso y ganaron. Es decir, fue el Gobierno regional quien eligió los terrenos protegidos de El Corvo y quien impulsó el supuesto interés regional.  Fue el Gobierno el que se pasó por el forro la autonomía municipal y el que decidió urbanizar un suelo rústico protegido.

Así que, de una forma u otra, LMB y Progea pedirán explicaciones y reclamarán los perjuicios causados por una actuación de revancha personal que nos ha costado y nos va a costar un pico, y un buen pico, a logroñeses y riojanos.

Ahora bien, preguntado por este cocinero, el consejero Antonino Burgos considera que no hay responsabilidad alguna en este tema de nadie del Gobierno, más allá de las que puedan reclamarse en las urnas.